A LA LEY DE COGESTIÓN AEROPORTUARIA DE BALEARES
El Gobierno central ha frenado en seco la tramitación de la ley de cogestión aeroportuaria aprobada por el Parlament balear. La norma, que buscaba dar a las Islas más poder de decisión sobre vuelos y tasas, ha topado con el veto del Ejecutivo de Pedro Sánchez, que argumenta que la medida supondría una pérdida de cientos de millones de euros para Aena y para el Estado.
▸ El choque político entre Madrid y Palma
La ley de cogestión aeroportuaria, impulsada por el Govern de Marga Prohens y respaldada por la mayoría del Parlament balear, pretendía crear un consorcio mixto entre el Estado y la Comunidad Autónoma para gestionar los aeropuertos de Palma, Menorca, Ibiza y Formentera. El objetivo era que Baleares pudiera decidir sobre rutas, frecuencias, horarios y tasas aeroportuarias atendiendo a criterios de sostenibilidad y necesidad social.
Sin embargo, el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, en manos de Óscar Puente, ha paralizado la tramitación de la norma al considerar que "vulnera la legislación básica estatal y el régimen de concesión de Aena". Fuentes del Ministerio aseguran que "la gestión aeroportuaria es competencia exclusiva del Estado y no puede fragmentarse".
La respuesta del Govern balear no se ha hecho esperar. La portavoz del Ejecutivo autonómico, Antònia Maria Estarellas, ha calificado el veto de "insulto a la autonomía de las Islas" y ha anunciado que recurrirán al Tribunal Constitucional. "Baleares no es una colonia. Si el Gobierno central no nos escucha, llevaremos esta lucha a los tribunales y a la calle", declaró Estarellas en rueda de prensa.
▸ El argumento económico del veto
El informe elaborado por Aena y remitido al Ministerio estima que la cogestión supondría una merma de ingresos de más de 400 millones de euros anuales para la empresa pública. El cálculo se basa en que el consorcio balear podría reducir las tasas para atraer nuevas rutas o subvencionar vuelos a la Península, lo que distorsionaría la "uniformidad tarifaria" que rige actualmente en la red de aeropuertos españoles.
El Ministerio de Hacienda también ha mostrado su rechazo. En un dictamen interno, advierte de que el modelo balear podría sentar un precedente peligroso para otras comunidades como Cataluña, Valencia o Andalucía, que también reclaman mayor capacidad de gestión sobre sus infraestructuras.
No obstante, fuentes del Parlament balear han tachado estos argumentos de "falacias económicas" y han recordado que Baleares aporta más de 2.500 millones de euros anuales a Aena a través de las tasas de los más de 30 millones de pasajeros que reciben sus aeropuertos. "Si perdemos, que ellos también pierden", ironizó el diputado del PP, Joan Font.
▸ Reacciones de la oposición y del sector turístico
El veto ha generado un amplio rechazo político y social en las Islas. Todos los grupos del Parlament, incluido el PSOE balear, han mostrado su apoyo a la ley, aunque los socialistas han matizado que "debe negociarse con el Estado y no imponerse por la vía unilateral".
El sector turístico y empresarial también ha alzado la voz. La Federación Hotelera de Mallorca ha emitido un comunicado en el que advierte de que "la gestión centralizada está perjudicando la conectividad de las Islas periféricas" y pide al Gobierno que "desbloquee el diálogo". Por su parte, las cámaras de comercio de Ibiza y Menorca han solicitado una reunión urgente con el ministro Puente para exponer sus necesidades de conectividad estacional.
Los sindicatos aeroportuarios, sin embargo, han mostrado su preocupación. UGT y CCOO han advertido de que la cogestión podría suponer "privatizaciones encubiertas" y han pedido al Govern que garantice la estabilidad laboral de los más de 1.000 trabajadores de Aena en Baleares.
▸ Conectividad aérea, la gran preocupación de Baleares
La ley de cogestión no solo respondía a un afán de autogobierno, sino también a una demanda histórica de los ciudadanos y empresarios de Baleares: mejorar la conectividad aérea con la Península y con Europa durante todo el año, no solo en temporada alta.
Actualmente, los aeropuertos baleares operan bajo las directrices de Aena, que prioriza las rutas con mayor rentabilidad. Esto ha provocado que en invierno muchas conexiones se reduzcan drásticamente, obligando a los residentes a depender de escalas en Madrid o Barcelona con precios elevados.
Desde el Govern balear insisten en que la cogestión permitiría establecer una "tasa plana" para residentes, incentivar aerolíneas de bajo coste en temporada baja y garantizar que las Islas no queden aisladas durante los meses de menor demanda. "No pedimos competencias exclusivas, pedimos poder sentarnos en la misma mesa para decidir el futuro de nuestros aeropuertos", ha reiterado la presidenta Prohens.
▸ Próximos pasos: recurso al Constitucional y presión política
El veto del Gobierno central no es firme ni definitivo. El Parlament balear tiene ahora la opción de recurrir al Tribunal Constitucional por invasión de competencias, un proceso que podría alargarse durante meses e incluso años. La presidenta Prohens ya ha avanzado que su Ejecutivo "agotará todas las vías" para defender la norma.
Mientras tanto, la presión política se intensificará. El PP balear ha anunciado que llevará el asunto al próximo Consejo de Política Fiscal y Financiera y pedirá la comparecencia de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en el Senado. Además, no descartan convocar una manifestación en Palma si el Gobierno central mantiene su postura.
Por su parte, el Gobierno central se muestra abierto al diálogo, pero deja claro que la "cogestión" no es aceptable. Fuentes de Moncloa aseguran que se puede estudiar una comisión de seguimiento con participación balear, pero sin traspasar competencias ejecutivas. "El modelo es innegociable. Otra cosa es que podamos hablar de mejoras en la conectividad o en las tasas", señalan desde el Ministerio de Transportes.
⚡ ACTUALIZACIÓN (7 de septiembre):
El Parlament balear ha aprobado esta tarde una declaración institucional de rechazo al veto del Gobierno, con el apoyo de todos los grupos excepto Vox. La Cámara insta al Ejecutivo de Sánchez a "reconsiderar su postura" y advierte de que la unidad de acción de todas las Islas está garantizada para defender la ley.
© 2026 · Reportaje elaborado con fuentes oficiales y contrastadas · Baleares, autonomía y conectividad
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