Tensión institucional por el alquiler turístico de embarcaciones en Baleares
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La regulación del alquiler turístico de embarcaciones, conocido popularmente como Airbnb náutico, ha abierto un nuevo frente de tensión política entre el. El debate gira en torno al uso de espacios públicos marítimos y al impacto que este tipo de actividad puede tener sobre el litoral, la convivencia y el modelo turístico del archipiélago.
Desde el Ejecutivo autonómico se considera que la normativa estatal no solo resulta insuficiente para controlar esta práctica, sino que podría abrir la puerta a un uso intensivo y poco regulado de embarcaciones con fines turísticos. El Govern advierte de que, bajo una apariencia de economía colaborativa, se esconden en muchos casos actividades profesionales encubiertas que generan beneficios privados a costa de recursos que son de todos.
El Govern balear alerta de que el auge del alquiler turístico de embarcaciones puede intensificar la presión sobre calas, puertos y zonas protegidas, reproduciendo en el mar los mismos problemas que ya existen en tierra.
Uno de los puntos más polémicos es el uso de amarres, fondeos y zonas costeras que forman parte del dominio público marítimo-terrestre. El Ejecutivo balear sostiene que permitir una explotación turística laxa de estos espacios favorece la especulación y dificulta el acceso de la población residente al mar, especialmente en islas donde la saturación turística ya es un problema estructural.
Desde el Gobierno central, en cambio, se defiende que la normativa busca dar seguridad jurídica a una actividad que ya existe y que puede generar ingresos económicos, siempre que se ajuste a la legalidad vigente. Esta visión choca con la postura del Govern, que reclama mayor capacidad de decisión para las comunidades autónomas costeras y una regulación más restrictiva adaptada a la realidad insular.
El conflicto no es solo jurídico, sino también de modelo: qué tipo de turismo quieren las Baleares y hasta qué punto el mar debe convertirse en un nuevo escenario de negocio intensivo.
En un contexto marcado por la masificación, la crisis de vivienda y el debate sobre los límites del turismo, el llamado Airbnb náutico se suma a una larga lista de conflictos entre administraciones. La disputa anticipa nuevos choques competenciales y reabre una pregunta de fondo que sigue sin respuesta clara:
Cómo compatibilizar actividad económica, protección del territorio y derecho ciudadano al uso de los espacios comunes.
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