Mallorca ha decidido acelerar la lucha contra uno de los fenómenos que acompañan al enorme mercado turístico de la isla: la comercialización ilegal de alojamientos turísticos.
Los últimos datos del Departamento de Turismo del Consell muestran un incremento considerable de la actividad inspectora y sancionadora durante 2026.
Entre enero y julio se iniciaron 146 expedientes sancionadores relacionados con oferta turística ilegal. En todo 2025 se habían abierto 104.
Esto significa que, en apenas siete meses, Mallorca ha registrado 42 expedientes más que durante todo el año anterior, un incremento del 40 % tomando como referencia ambas cifras.
| ACTUACIÓN | 2026 | RESULTADO |
|---|---|---|
| Expedientes iniciados | 146 | Enero–julio |
| Propuestas de sanción | 4,37 M€ | Importe acumulado |
| Expedientes resueltos | 61 | Más de 2,1 M€ impuestos |
| Infracciones muy graves | 36 | De los 61 resueltos |
| Infracciones graves | 25 | De los 61 resueltos |
| Protocolos DIA iniciados | 60 | 54 órdenes de cese |
El cambio no consiste únicamente en aumentar el número de expedientes. Mallorca está intentando modificar también la velocidad con la que actúa la Administración una vez detectado un alojamiento irregular.
Una de las principales novedades de 2026 es el procedimiento de Declaración de Ilegalidad de la Actividad, conocido como DIA.
Su objetivo es especialmente relevante: conseguir que la actividad turística ilegal cese sin tener que esperar a que concluya todo el procedimiento sancionador.
Desde enero se han iniciado 60 protocolos DIA. De ellos, 54 ya se habían resuelto con una orden de cese de la actividad.
2. Se inicia el procedimiento para declarar ilegal la actividad.
3. Se ordena el cese y la retirada de la publicidad.
4. Si el anuncio continúa después del plazo establecido, pueden imponerse medidas coercitivas.
5. La persistencia o reincidencia puede acabar trasladándose a la Fiscalía.
La presión administrativa viene acompañada de un régimen sancionador considerablemente más duro.
El marco introducido por el Decreto Ley 4/2025 elevó las sanciones aplicables a determinadas infracciones relacionadas con la oferta turística ilegal.
Las multas pueden situarse actualmente entre 50.000 y 500.000 euros, dependiendo de la gravedad y circunstancias de la infracción.
La actividad sobre el terreno también se ha intensificado.
Hasta julio, los servicios de Turismo habían realizado 1.546 salidas de inspección.
Los controles no se limitan exclusivamente a viviendas turísticas. Incluyen también otras actividades y posibles irregularidades vinculadas al sector, entre ellas situaciones de sobreocupación, establecimientos sin actividad, estancias turísticas canceladas y determinados incumplimientos relacionados con el turismo de excesos.
El siguiente paso puede elevar considerablemente la presión sobre quienes persistan en mantener una actividad declarada ilegal.
El Consell prevé trasladar a la Fiscalía los primeros expedientes en los que se hayan constatado reincidencias o incumplimientos de las órdenes administrativas.
El objetivo es que la orden de cese no quede simplemente convertida en otro trámite administrativo cuando el responsable continúa comercializando el alojamiento.
La lucha contra el alquiler turístico ilegal tiene además una dimensión que supera la propia regulación del turismo.
Mallorca afronta desde hace años una fuerte tensión sobre el acceso a la vivienda. En este contexto, cada vivienda que abandona el mercado residencial para comercializarse irregularmente como alojamiento turístico añade un elemento más a un problema complejo en el que intervienen numerosos factores.
Combatir la oferta turística ilegal no resolverá por sí sola la crisis de vivienda de Mallorca, pero sí pretende impedir que una parte del parque residencial opere al margen de las reglas establecidas para el alojamiento turístico.
Las cifras muestran un cambio de escala: Mallorca ya no se limita a tramitar más sanciones. Está intentando reducir el tiempo durante el cual una oferta declarada ilegal puede continuar comercializándose.
Ahí está la verdadera importancia del procedimiento DIA: separar la orden de cese del largo recorrido que puede tener posteriormente un expediente sancionador.
La prueba definitiva llegará ahora: comprobar cuántas de esas órdenes consiguen retirar realmente los alojamientos del mercado y qué ocurre con quienes continúan operando después de recibirlas.
En siete meses, 146 expedientes. La batalla contra la oferta turística ilegal entra en una nueva fase en Mallorca.
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