ELECCIONES 29 NOVIEMBRE (IV). PP Y VOX: COMPETIR POR EL VOTO, NEGOCIAR EL GOBIERNO
Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal piden el voto para partidos distintos, pero preparan una campaña en la que el posible entendimiento entre ambos ocupa un lugar cada vez más visible. El objetivo compartido de sustituir a Pedro Sánchez les permite acercarse; la necesidad de conseguir el mayor respaldo posible les obliga a conservar razones propias para ser elegidos. De cómo resuelvan esa relación dependerá tanto su resultado como el margen de cada uno para negociar después.
Esta semana, Feijóo ha expresado su disposición a entenderse con Vox si necesita sus apoyos para gobernar y ha situado la salida de Sánchez como su prioridad. También ha dejado de presentar el Gobierno de la lista más votada como una condición que deba respetarse en estos comicios, abriendo la posibilidad de buscar una mayoría parlamentaria aunque el PP no quede primero.
El cambio merece atención porque afecta a un argumento que el líder popular utilizó después de las elecciones de 2023. Si ahora acepta que una mayoría parlamentaria puede justificar la investidura de quien no haya ganado en votos, deberá explicar por qué aplica un criterio diferente; el elector puede aceptar esa rectificación, pero tiene derecho a conocer las razones y a juzgar su coherencia.
La legitimidad de una mayoría parlamentaria y la conveniencia de los acuerdos que la forman son cuestiones distintas. Un pacto puede permitir una investidura y contener, al mismo tiempo, medidas discutibles; conocer sus condiciones resulta más útil que darlo por justificado o descalificado únicamente por los nombres de sus integrantes.
El acercamiento aparece también en las negociaciones para el Senado. Feijóo ha planteado que Vox no presente candidaturas en determinadas circunscripciones y que el PP apoye, como contrapartida, la designación de senadores de Vox en los parlamentos autonómicos; por ahora hablamos de una fórmula propuesta dentro de una negociación, cuya concreción deberá comprobarse.
El interés de esa operación va más allá de la distribución de puestos: muestra una disposición a coordinar decisiones antes de las elecciones para mejorar el resultado conjunto. Responde, además, al pacto que PSOE y otras fuerzas progresistas han preparado para la Cámara Alta, de modo que las alianzas de unos influyen en la estrategia de los otros.
Sería prematuro interpretar esa negociación como un acuerdo cerrado de Gobierno, aunque permite observar qué valor atribuyen a los apoyos del otro y qué están dispuestos a compartir. Son antecedentes útiles para valorar una relación que podría adquirir mucha más importancia después del 29 de noviembre.
El tono entre los dirigentes ha cambiado respecto a 2023. Las informaciones de esta semana describen una reducción de los ataques mutuos y una insistencia en el objetivo común de sustituir al Ejecutivo, mientras ambos partidos exploran su cooperación electoral.
Ese comportamiento puede evitar que una disputa entre posibles socios perjudique a los dos, pero deja abierta una dificultad: si la coincidencia ocupa demasiado espacio, el ciudadano necesitará saber qué distingue sus proyectos. La voluntad de entenderse no elimina la competencia por los votos ni las diferencias sobre cómo ejercer el poder.
Para Feijóo, la cuestión es especialmente delicada. Acercarse a posiciones de Vox podría ayudarle a disputar determinados electores, aunque también podría reforzar la relevancia de los asuntos y argumentos de Abascal; distanciarse de ellos permitiría afirmar un perfil propio, pero exigiría explicar después qué parte de esa distancia está dispuesto a negociar.
Por eso conviene examinar la moderación mediante decisiones concretas. Un candidato puede presentar un tono sereno y defender cambios profundos, del mismo modo que una intervención contundente puede dejar sin resolver el contenido de la propuesta; para valorar la posición del PP habrá que atender a las medidas que anuncia, a las garantías que ofrece y a sus efectos.
En su entrevista del viernes en la SER, Feijóo propuso eliminar el Ministerio de Igualdad como departamento independiente e integrar sus competencias en otros, así como revisar aspectos de las leyes del aborto y de la eutanasia. También se comprometió a actualizar las pensiones conforme al IPC y defendió aumentos del salario mínimo y del salario medio.
Son anuncios que permiten empezar a discutir el contenido del cambio. En igualdad, interesa conocer qué estructura asumiría las funciones y con qué recursos; en las revisiones legales, qué problemas pretende corregir y qué efectos tendrían sobre quienes ejercen esos derechos; en salarios y pensiones, qué instrumentos y financiación permitirían cumplir los compromisos.
También habrá que distinguir qué propuestas proceden del propio PP y cuáles surgirían de una eventual negociación con Vox. Atribuir cualquier coincidencia a una imposición de Abascal impediría juzgar al partido de Feijóo por sus propias decisiones; presentar como un detalle menor las concesiones necesarias para obtener apoyos ocultaría, por su parte, una parte del programa que acabaría aplicándose.
Abascal también ha defendido buscar un entendimiento para el Senado frente al pacto de las izquierdas, aunque sin concretar públicamente todas sus condiciones. Esa disposición permite examinar su voluntad de cooperación, pero todavía no conocer el contenido de un eventual acuerdo de Gobierno.
Si Vox pretende que el crecimiento de su representación se traduzca en cambios políticos, tendrá que explicar cuáles considera prioritarios y qué acuerdos aceptaría para llevarlos a cabo; pedir más fuerza para condicionar a Feijóo obliga a concretar en qué consistiría ese condicionamiento.
Participar en un Ejecutivo supone asumir decisiones, presupuestos y resultados. Abascal tendría que justificar tanto las medidas que lograse incorporar como las que aceptara dejar fuera, mientras Feijóo respondería por el programa compartido; la distribución de ministerios no resolvería por sí sola esas responsabilidades.
No toda suma produciría la misma relación. Una mayoría con un PP claramente predominante ofrecería un marco negociador distinto de otra en la que Vox tuviera mayor peso; aun así, el número de diputados no explica por completo la capacidad de influir, porque también cuentan la existencia de alternativas y la disposición de cada parte a rechazar un acuerdo.
Conviene evitar, por tanto, dos conclusiones anticipadas: que Feijóo podría aplicar íntegramente su programa por encabezar la mayoría o que Abascal estaría en condiciones de imponer todas sus exigencias por resultar necesario. Negociar obliga a confrontar prioridades y a asumir costes; el resultado deberá examinarse cuando existan compromisos concretos.
El elector merece conocer antes de votar qué medidas consideran indispensables, qué materias quedarían abiertas a negociación y cómo resolverían una discrepancia sobre los presupuestos o una decisión de especial importancia. No cabe exigir un pacto completo antes de conocer el resultado, pero sí respuestas que permitan comprender el margen con el que acudirían a la negociación.
Hay otra distinción decisiva: lograr una investidura no garantiza sostener una legislatura. El acuerdo que permita elegir presidente tendrá que convertirse después en capacidad para aprobar cuentas, tramitar leyes y responder a problemas que quizá no estén presentes en la campaña; ahí se comprobará si la voluntad de sustituir a Sánchez se acompaña de prioridades suficientemente compartidas.
El deseo de relevo puede reunir a votantes con expectativas distintas. Unos esperarán una reducción de impuestos; otros, mayor eficacia de los servicios públicos, cambios en inmigración o una mejora de la calidad institucional. Ambos partidos pueden recibir apoyos por esos motivos, pero al gobernar deberán ordenar las demandas, explicar sus costes y responder por las que no atiendan.
Me parece que esa es la pregunta que debería acompañar a Feijóo y Abascal durante estas semanas. Las críticas al Gobierno forman parte del juicio electoral y pueden justificar una voluntad de cambio; la confianza en quienes aspiran a sustituirlo requiere, además, conocer sus propuestas y las condiciones en las que podrían cumplirlas.
El PP tendrá que demostrar que dispone de un proyecto reconocible y explicar cómo lo sostendría en una negociación con Vox; Vox deberá concretar qué pretende cambiar y qué responsabilidad asumiría para conseguirlo. Si las urnas les permiten construir una mayoría, los ciudadanos tendrán derecho a juzgarlos por esas respuestas y por los compromisos que alcancen, también cuando el adversario que hoy les une haya dejado de gobernar.
POR RAFEL CALLE
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