LAS ELECCIONES DEL 29 DE NOVIEMBRE
Pedro Sánchez ha convocado elecciones para el 29 de noviembre y empieza una cuenta atrás. La primera fotografía muestra una derecha favorecida por las encuestas, un presidente que intenta recuperar la iniciativa con la vivienda y unas fuerzas a la izquierda del PSOE que todavía deben resolver cómo presentarse.
Durante las próximas semanas analizaremos las propuestas, los acuerdos, las contradicciones y los acontecimientos que puedan modificar ese escenario. Distinguiremos los hechos de las promesas y los pronósticos de los resultados. Porque una campaña también sirve para comprobar qué respuestas tienen los partidos cuando se les pregunta cómo piensan llevar a la práctica lo que anuncian.
Esta primera entrega examina las posiciones de salida: la ventaja de PP y Vox, el desgaste socialista, la apuesta de Sánchez por la vivienda, la fragmentación de la izquierda y el papel que podría desempeñar Junts.
Pedro Sánchez ha elegido el 29 de noviembre para someter de nuevo su Gobierno al juicio de las urnas. Lo hace después de la derrota de sus dos decretos sobre vivienda y con unas encuestas que favorecen claramente a la derecha. La campaña comienza con una pregunta: ¿conseguirá transformar el desgaste acumulado en una nueva movilización de la izquierda?
La distancia que debe remontar es considerable. El promedio de sondeos de RTVE, publicado el 5 de octubre, concede 137 diputados al PP y 65 a Vox. Son 202 escaños, frente a los 176 necesarios para alcanzar la mayoría absoluta. El PSOE obtendría 104 y Sumar quedaría en diez. Las encuestas pueden cambiar, pero sería un error restar importancia a la ventaja que describen.
Esta dependencia introduce una dificultad para Alberto Núñez Feijóo. Puede ganar las elecciones y necesitar, aun así, negociar buena parte de su programa con Santiago Abascal. Por eso, durante la campaña deberá explicar qué cambio propone y qué condiciones estaría dispuesto a aceptar para llegar a la presidencia.
Vox ya ha colocado entre sus exigencias la prioridad nacional, la desregulación y la llamada «remigración». Abascal también ha sembrado dudas sobre la limpieza del proceso electoral. Su intervención tras la convocatoria anticipa una campaña de fuerte confrontación.
Cabe esperar que intente endurecer todavía más sus posiciones sobre inmigración y otros asuntos centrales de su ideología. Necesita distinguirse del PP, crecer a su costa y llegar a cualquier negociación con suficiente fuerza para imponer condiciones. Pero esa estrategia puede tener un efecto doble: atraer a electores que reclaman medidas más duras y alejar a quienes quieren sustituir a Sánchez sin compartir el proyecto de Vox.
El PSOE intentará aprovechar esa tensión. Buscará que el votante desencantado valore también las consecuencias de un Gobierno condicionado por Abascal. La incógnita será cuánta fuerza conserva ese argumento después de años de desgaste socialista.
Porque Sánchez llega con una carga importante. La crisis de Ceuta ha abierto una controversia sobre la actuación del Ejecutivo, que defiende su respuesta y la coordinación mediante un mando único. Sus críticos cuestionan la gestión de la emergencia. Sin atribuir a este episodio una pérdida de votos que no podemos medir por separado, es evidente que la oposición lo incorporará al balance que presenta contra el presidente.
Más profundo es el daño causado por la corrupción. La condena de José Luis Ábalos y Koldo García afecta a quienes estuvieron cerca del centro del poder socialista. El procedimiento contra Begoña Gómez mantiene, además, al entorno familiar del presidente bajo presión judicial y política. Conviene distinguir ambos planos: una condena establece responsabilidades; una causa pendiente exige respetar la presunción de inocencia.
A este panorama se añade la investigación sobre José Luis Rodríguez Zapatero en el caso Plus Ultra. Su relevancia dentro del PSOE amplifica la repercusión de las informaciones sobre sus vínculos con los implicados. La justicia deberá determinar las responsabilidades que correspondan. Políticamente, el caso añade otra exigencia de explicaciones a un partido que necesita recuperar credibilidad. No demuestra una responsabilidad penal de Sánchez, pero sí aumenta su desgaste.
Sánchez busca ahora colocar el acceso a la vivienda en el centro de la elección. La derrota de los decretos le permite señalar a quienes votaron contra ellos y plantear que necesita una mayoría diferente para sacar adelante sus medidas. Es una apuesta por movilizar al electorado alrededor de una preocupación cotidiana, especialmente intensa entre quienes no pueden emanciparse o temen perder su alquiler.
La vivienda podría frenar la caída socialista. Pero el Gobierno tendrá que responder a una objeción difícil: ¿por qué sigue siendo tan complicado encontrar una casa después de tantos años en el poder? El elector puede respaldar una medida de protección y, a la vez, considerar insuficiente la gestión anterior.
La campaña pondrá a prueba si las nuevas propuestas se perciben como una respuesta creíble o como una reacción tardía. Para muchas familias, las diferencias entre partidos importan menos que saber cuánto podrán pagar y durante cuánto tiempo podrán quedarse en su hogar.
Sánchez ya prepara su primera jugada tras convocar las elecciones: recuperar mediante nuevos decretos leyes las medidas de vivienda que el Congreso rechazó hace unos días. El Gobierno prevé aprobarlos este martes en el Consejo de Ministros y someterlos después a la Diputación Permanente, que asume esa función cuando las Cortes están disueltas.
El cambio de escenario tiene importancia política. En ese órgano, el Gobierno podría reunir una mayoría sin necesitar a Junts. Pero hay un límite: si los partidos mantienen sus posiciones, saldría adelante el primer decreto, mientras que el segundo, relativo a la renovación automática de los alquileres, volvería a caer por el rechazo del PNV. Recuperar ambos exige negociar.
Si consigue salvar las medidas, podrá presentar un resultado concreto y reforzar su mensaje: que sigue actuando sobre la vivienda pese al bloqueo parlamentario. La oposición, por su parte, cuestionará que vuelva a impulsar unas disposiciones recién rechazadas. El debate tendrá así dos caras: la utilidad de las medidas y la decisión de buscar su aprobación con una composición parlamentaria más favorable.
Para Sánchez podría ser una primera ventaja, pero supeditada a que cale en el electorado la contestación de una derecha que puede reprocharle intentar arreglar en unos días un problema que no ha sabido solventar en dos legislaturas.
Por otra parte, Sánchez tampoco puede construir una mayoría por sí solo. Necesita representación suficiente a su izquierda, y ese espacio llega a la convocatoria sin una unidad cerrada. El Frente Amplio, Podemos y distintas fuerzas territoriales mantienen decisiones pendientes sobre candidaturas y alianzas.
El problema va más allá de elegir una cara para el cartel. Falta un liderazgo aceptado por organizaciones que arrastran diferencias y desconfianzas. Nadie puede aglutinar a los demás si cada formación reclama conservar el mando, el programa y el protagonismo.
Gabriel Rufián ha adquirido proyección entre sectores de la izquierda fuera de Cataluña, pero ha descartado encabezar el Frente Amplio. Su condición de dirigente independentista podría dificultar una candidatura de alcance estatal, aunque sería excesivo presentarla como una imposibilidad absoluta. La dificultad principal sigue siendo convertir afinidades parciales en un acuerdo político y electoral duradero.
Queda, además, Junts. El posible regreso de Carles Puigdemont, condicionado todavía por las resoluciones judiciales y su aplicación, puede introducir un nuevo elemento en la campaña. Su abogado lo considera próximo, pero reclama esperar a que las decisiones estén formalizadas.
Es razonable pensar que un entendimiento entre Vox y Puigdemont sería políticamente muy difícil. Eso complicaría una investidura del PP que necesitara a ambos. Sin embargo, si PP y Vox alcanzan juntos la mayoría absoluta, Junts perderá esa capacidad de condicionar la formación del Gobierno.
Tampoco su regreso beneficiaría automáticamente al PSOE. Podría facilitar relaciones políticas, pero también reactivar el reproche por los acuerdos con el independentismo. Su efecto dependerá de cómo se produzca y, sobre todo, de qué mayoría salga de las urnas.
La derecha tiene a su favor las encuestas y el desgaste del Gobierno. Sánchez dispone de la vivienda como eje de movilización y de la posibilidad de que el discurso de Vox reactive a una parte de la izquierda. Pero necesita que esa izquierda se organice y que sus propuestas resulten convincentes para quienes ya han escuchado muchas promesas.
El 29 de noviembre se decidirá quién obtiene más votos y quién reúne los apoyos necesarios para gobernar. Feijóo deberá concretar su alternativa; Sánchez, justificar su continuidad. Entre ambos, los ciudadanos tendrán que valorar algo más que los errores del adversario: qué gobierno les ofrece una respuesta creíble a los problemas que seguirán ahí al día siguiente.
Este es el punto de partida. PP y Vox cuentan con una ventaja considerable en las encuestas; Sánchez necesita recuperar confianza y movilizar a un electorado descontento, y la izquierda situada fuera del PSOE debe resolver sus diferencias con el calendario ya en marcha.
A partir de ahora observaremos cómo responde cada partido a sus propias dificultades. Si el PP concreta sus condiciones para gobernar con Vox, si el PSOE consigue que la vivienda cambie la conversación y si las llamadas a la unidad de la izquierda se convierten en acuerdos.
Hoy podemos describir la ventaja de unos y los problemas de otros. En las próximas entregas veremos qué hacen con ellos.
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