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¿Libertad o libertinaje? La economía, los delitos y la falta de castigos ejemplares

NOTA EDITORIAL
Este texto recoge reflexiones y valoraciones personales de su autor sobre la actualidad política y social. Las opiniones no constituyen conclusiones judiciales ni deben interpretarse como hechos acreditados cuando no se acompañan de fuentes verificables.

Cada día asistimos a decisiones políticas, controversias institucionales y acontecimientos sociales que suscitan preocupación entre numerosos ciudadanos.

La pregunta que me planteo es hasta qué punto estamos confundiendo la libertad, que constituye uno de los pilares de nuestra democracia, con determinadas conductas que considero propias del libertinaje.

Política, instituciones y responsabilidades

La situación política española continúa marcada por la confrontación entre partidos, los acuerdos parlamentarios y las discrepancias sobre el funcionamiento de nuestras instituciones.

Las decisiones del Gobierno de Pedro Sánchez, sus relaciones con las formaciones nacionalistas e independentistas y la actuación de determinados responsables públicos merecen, a mi juicio, un examen crítico y permanente.

Los debates sobre EH Bildu, el independentismo catalán, la amnistía y las responsabilidades derivadas del proceso soberanista siguen ocupando un lugar destacado en la discusión pública.

También considero necesario exigir transparencia sobre las actividades profesionales, las declaraciones de intereses y las posibles incompatibilidades de quienes ejercen responsabilidades parlamentarias.

La ciudadanía tiene derecho a conocer cómo se administran los recursos públicos, qué subvenciones se conceden y cuáles son los mecanismos de control existentes.

Las elecciones y las garantías democráticas

Ante las elecciones generales convocadas para el 29 de noviembre de 2026, considero fundamental garantizar la transparencia del proceso electoral.

La composición del censo, el voto de los españoles residentes en el extranjero y la aplicación de las disposiciones electorales deben contar con todas las garantías legales.

Cualquier duda debe resolverse mediante los procedimientos establecidos, con documentación contrastada y respeto a las instituciones competentes.

La justicia y la sensación de impunidad

Uno de los asuntos que más me preocupa es la percepción de que determinados delitos no reciben una respuesta suficientemente contundente.

Los robos, las agresiones, los delitos sexuales, la violencia y los daños contra propiedades públicas o privadas generan alarma social y una comprensible preocupación entre quienes los sufren.

En Mallorca se han conocido sucesos relacionados con accidentes de tráfico, agresiones, amenazas y delitos contra el patrimonio que merecen una investigación rigurosa.

Ahora bien, las responsabilidades penales deben establecerse individualmente, con independencia del origen, la nacionalidad o las circunstancias personales de quienes puedan estar implicados.

La justicia debe proteger a las víctimas, investigar los hechos y aplicar las penas previstas en la legislación, respetando siempre la presunción de inocencia y las garantías procesales.

«La libertad necesita responsabilidades. Sin ellas, corre el riesgo de convertirse en una palabra vacía».

Seguridad ciudadana y protección de las víctimas

La seguridad constituye una de las principales obligaciones de los poderes públicos.

Los ciudadanos necesitan confiar en que las fuerzas de seguridad disponen de los medios materiales y humanos adecuados para desarrollar su trabajo.

También es necesario que las víctimas reciban protección, asistencia y una respuesta judicial eficaz.

En los debates sobre ocupación de viviendas, inmigración y delincuencia considero imprescindible distinguir entre situaciones sociales diferentes y conductas que constituyen verdaderos delitos.

La defensa de la propiedad, la convivencia y la seguridad debe ser compatible con el respeto a los derechos fundamentales.

Economía, subvenciones y deuda pública

La utilización de los recursos públicos constituye otro motivo de preocupación.

Considero necesario revisar continuamente las subvenciones, los gastos institucionales y las prioridades presupuestarias.

Según los datos publicados por el Banco de España, la deuda de las administraciones públicas alcanzó en agosto de 2026 aproximadamente 1,75 billones de euros.

Esta cifra debería estimular un debate responsable sobre la sostenibilidad de las cuentas públicas, la eficiencia del gasto y las obligaciones que heredarán las próximas generaciones.

No se trata únicamente de discutir cuánto dinero se gasta, sino de conocer dónde se invierte, con qué resultados y bajo qué mecanismos de fiscalización.

¿Libertad o libertinaje?

Hace años que me pregunto si determinadas conductas que observamos en nuestra sociedad son verdaderas expresiones de libertad o manifestaciones de una preocupante falta de responsabilidad.

Creo que España necesita recuperar la confianza en sus instituciones, exigir responsabilidades a quienes incumplen la ley y garantizar una justicia eficaz.

Las penas deben ser proporcionadas, legales y suficientemente eficaces para proteger a la sociedad y prevenir nuevos delitos.

La firmeza frente a la delincuencia no debería confundirse con la arbitrariedad, del mismo modo que el respeto a los derechos individuales no debe interpretarse como impunidad.

Una sociedad verdaderamente libre necesita instituciones responsables, ciudadanos comprometidos y leyes que se cumplan con igualdad para todos.

Un recuerdo para las víctimas

En cuanto al accidente ferroviario, mi familia y yo deseamos que Dios nuestro Señor acoja en su seno a las personas fallecidas.

Descansen en paz. Nuestro más sentido pesar a sus familiares.

Antonio Quirós Abadía
Naturalista
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Tribuna de opinión · Política y sociedad
Las opiniones expresadas corresponden exclusivamente a su autor.
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