ANATOMÍA DEL PODER (IX)
El poder no es solo quien lo ocupa, sino el tiempo que lo condiciona. Esta serie propone una lectura serena de los líderes y del sistema político español, buscando comprender antes que juzgar.
LA CORONA: EL PODER COMO ARBITRAJE
No todo poder se ejerce gobernando; algunos poderes existen precisamente para no gobernar. La Corona en España representa una de esas formas singulares de autoridad: no decide, no legisla, no ejecuta… y, sin embargo, está en el centro del sistema; su función no es dirigir el poder político, sino garantizar que el poder político pueda ejercerse dentro de un marco estable.
Desde la aprobación de la Constitución de 1978, la monarquía parlamentaria española se define como una institución arbitral y moderadora; el Rey no gobierna, no forma parte del debate partidista, no compite electoralmente, así que, su legitimidad no es de origen electoral, sino constitucional. Y ahí reside su singularidad.
La figura de Felipe VI encarna hoy ese modelo. Un jefe del Estado cuya función no es imponer dirección política, sino sostener la continuidad institucional en un sistema donde el poder ejecutivo cambia, el legislativo se fragmenta y el clima político oscila.
En términos filosóficos, la Corona no responde a un modelo clásico de poder soberano; no es hobbesiana, porque no concentra autoridad absoluta; tampoco es rousseauniana, porque no emana directamente de la voluntad popular expresada en elecciones, se sitúa en un plano distinto: el de la autoridad simbólica dentro de un marco constitucional. El poder del monarca no reside en la decisión, sino en la posición.
Esa posición se manifiesta en funciones concretas: la sanción de leyes, la propuesta de candidato a la presidencia del Gobierno, la representación del Estado en el exterior, el mando supremo de las Fuerzas Armadas en términos simbólicos, y, sobre todo, la capacidad de actuar como figura de referencia en momentos de incertidumbre institucional.
Sin embargo, reducir la Corona a sus funciones formales sería quedarse en la superficie; su verdadero papel aparece en los momentos de tensión, cuando el sistema se ve sometido a presión, cuando los equilibrios políticos se resquebrajan, cuando la incertidumbre domina el escenario, es entonces cuando la figura del jefe del Estado adquiere una dimensión distinta: no como actor, sino como garante.
España ha atravesado en las últimas décadas episodios que han puesto a prueba esa función: crisis económicas, fragmentación parlamentaria, tensiones territoriales, desafíos institucionales; en ese contexto, la Corona ha actuado como elemento de continuidad, no como solución política, sino como marco dentro del cual las soluciones deben encontrarse. Ahí reside una de sus principales fortalezas.
La monarquía parlamentaria introduce una figura que no compite en el juego político, y precisamente por eso puede mantenerse al margen de la disputa directa. En un sistema donde los liderazgos están sometidos al desgaste constante de la confrontación, la Corona representa una forma de estabilidad que no depende de los ciclos electorales. Para sus partidarios, esa estabilidad es una garantía. La existencia de una institución que no responde a mayorías cambiantes, que no necesita construir relato electoral y que puede ejercer funciones de representación con continuidad, aporta un elemento de cohesión en un sistema cada vez más fragmentado.
Pero esa misma singularidad contiene sus límites, así, la principal tensión de la Corona en una democracia contemporánea es su legitimidad; en un sistema basado en la soberanía popular, la existencia de una institución no electiva plantea inevitablemente un debate de fondo, no se trata únicamente de una cuestión jurídica —resuelta en el marco constitucional—, sino de una cuestión cultural y generacional.
¿Puede sostenerse en el tiempo una institución cuya legitimidad no se renueva mediante el voto?
A ello se suma otro elemento: la exigencia de neutralidad. El Rey no puede entrar en el debate político, su función depende, precisamente, de su distancia respecto de la contienda partidista, pero esa distancia tiene un coste. En una época de comunicación inmediata y posicionamientos constantes, el silencio institucional puede ser interpretado de formas diversas.
La Corona, por tanto, se mueve en un equilibrio complejo: debe estar presente sin intervenir, visible sin opinar, activa sin protagonizar. Su poder consiste en no ejercerlo de manera directa.
Existe, además, una dimensión histórica que no puede ignorarse; la monarquía española no es una institución abstracta; está vinculada a la evolución política del país, a la transición democrática y a las etapas posteriores. Vale decir que esa memoria condiciona tanto su percepción como su función.
En el momento actual, la figura de Felipe VI ha reforzado una imagen de institucionalidad sobria, de cumplimiento estricto de las funciones constitucionales y de distancia respecto de la polémica política diaria, es un estilo que responde a la necesidad de preservar el papel arbitral de la Corona en un entorno especialmente polarizado.
La cuestión de fondo no es si la Corona gobierna. No lo hace. La cuestión es qué tipo de poder representa. Y representa un poder que no compite, que no legisla, que no ejecuta… pero que sostiene. Un poder que no decide el rumbo político, pero que contribuye a que ese rumbo pueda trazarse sin ruptura institucional.
En una democracia fragmentada, donde la política se organiza en bloques y la confrontación forma parte del paisaje cotidiano, la existencia de una figura que no pertenece a ninguno de esos bloques introduce una lógica distinta: la de la continuidad. No es un poder de acción, es un poder de presencia y, sin embargo, su permanencia no está exenta de interrogantes.
La pregunta final que deja abierta esta institución es inevitable:
¿puede una democracia del siglo XXI sostener un poder que no se elige, si ese poder no interviene, pero tampoco desaparece?
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