Sin embargo, algunos observan ahora un giro hacia una mayor concentración de poder y control institucional, una faceta que históricamente ya se había dado, pero que muchos desconocían.
Más regulación, más control
El Gobierno continúa impulsando nuevas leyes que, según sus críticos, amplían su capacidad de supervisión sobre la ciudadanía. Un ejemplo reciente fue el intento de obligar a los hoteles a recopilar decenas de datos personales de sus clientes mediante extensos formularios. Aunque no todas las comunidades autónomas aplicaron la medida del mismo modo, el debate sobre el derecho a la intimidad y la privacidad volvió a situarse en el centro de la discusión pública.
La nueva ley sobre redes sociales y menores
El Ejecutivo plantea ahora una normativa para proteger a los menores de 16 años en redes sociales. El argumento oficial es la protección de la infancia frente a riesgos digitales. Sin embargo, hay quienes interpretan que esta iniciativa podría convertirse en un mecanismo de control más amplio.
Actualmente, muchas plataformas ya aplican sistemas de verificación de edad no solo en España, sino también en otros países. Estos mecanismos permiten limitar el acceso de menores sin necesidad de revelar la identidad completa del usuario.
Diversos expertos en tecnología señalan que sí existen fórmulas para verificar la edad sin vulnerar la intimidad. Entre las opciones que ya se utilizan en distintos lugares del mundo se encuentran:
🔸Las pruebas de conocimiento cero (ZKP), que permiten demostrar que se es mayor de una determinada edad sin revelar identidad ni fecha de nacimiento.
🔸Las credenciales digitales con divulgación selectiva, que únicamente confirman la edad mínima requerida.
🔸Los tokens anónimos de edad, donde una entidad valida la edad una sola vez y genera credenciales no rastreables.
🔸La verificación local en el dispositivo, donde el propio móvil confirma si se cumple el requisito de edad y solo envía una respuesta afirmativa o negativa.
Según esta visión crítica, estas soluciones demuestran que es posible proteger a los menores sin comprometer la privacidad ni generar perfiles identificables.
Protección o vigilanciaEl debate de fondo no es únicamente tecnológico, sino político. Si una norma no permite verificar la edad sin asociarla a la identidad personal, algunos consideran que deja de ser una medida de protección y se convierte en una herramienta de seguimiento y control.
De ahí surge la pregunta que cada vez formulan más ciudadanos:
¿Estamos ante una deriva hacia un modelo de mayor supervisión estatal bajo el argumento de la protección digital?
La cuestión de fondo
La verificación de edad sin perder intimidad es técnicamente viable. Si se opta por un modelo que implique identificación y trazabilidad, no sería un fallo técnico, sino una decisión política.
El debate está abierto. Y en una democracia madura, debería poder abordarse con transparencia, datos y garantías claras para la protección de derechos fundamentales.
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