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Más de 70 psicólogos con formación especializada han reclamado al Govern de les Illes Balears que reconsidere su intención de contratar personal sin la especialidad sanitaria para trabajar en Atención Primaria.
El colectivo alerta de que esta medida, planteada para paliar la falta de profesionales, puede poner en riesgo la calidad de la atención psicológica que reciben los pacientes.
Los profesionales firmantes subrayan que la salud mental no puede abordarse como un servicio de segunda línea ni como un parche provisional. Recuerdan que la especialidad en Psicología Clínica o General Sanitaria no es un trámite administrativo, sino una garantía de formación específica para tratar trastornos mentales en el sistema público.
Falta de profesionales, pero también de planificaciónEl debate surge en un contexto de sobrecarga creciente en los centros de salud. Desde la pandemia, las consultas relacionadas con ansiedad, depresión, estrés laboral y problemas familiares han aumentado de forma sostenida, especialmente en Atención Primaria, que suele ser la primera puerta de entrada al sistema sanitario.
Ante la dificultad para cubrir plazas, el Govern estudia flexibilizar los requisitos de contratación. Sin embargo, los psicólogos advierten que resolver la escasez bajando el nivel de cualificación puede generar un problema mayor a medio plazo, tanto para los pacientes como para el propio sistema.
“No es solo atender, es saber cómo intervenir”Los profesionales insisten en que la intervención psicológica en el ámbito público requiere competencias específicas: evaluación clínica rigurosa, detección de trastornos graves, coordinación con médicos de familia y psiquiatría, y capacidad para actuar en situaciones de riesgo.
Permitir que personas sin la especialidad atiendan en Atención Primaria, señalan, puede derivar en diagnósticos incompletos, tratamientos inadecuados o derivaciones tardías, con el consiguiente impacto en la salud de los pacientes y en la presión sobre otros niveles asistenciales.
Desde el colectivo se apunta a un problema de fondo: la falta histórica de inversión en salud mental. Baleares, como otras comunidades, arrastra ratios de psicólogos por habitante inferiores a las recomendaciones internacionales, una situación que no se resuelve con medidas improvisadas.
Los firmantes reclaman una planificación a largo plazo que incluya más plazas de formación especializada, condiciones laborales atractivas y estabilidad profesional, para evitar la fuga de talento y garantizar un servicio público sólido.
La salud mental, en el centro del debateEl conflicto refleja un cambio social evidente: la salud mental ha dejado de ser un tema marginal. Cada vez más personas acuden a su centro de salud por problemas psicológicos, y la ciudadanía exige respuestas de calidad, no soluciones de emergencia.
Para los psicólogos, el mensaje es claro: reforzar la Atención Primaria es imprescindible, pero hacerlo sin rebajar los estándares profesionales que protegen a los pacientes.
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