Prohibición total de nuevos alquileres turísticos
El Ayuntamiento de Palma ha anunciado una medida contundente para frenar la presión del turismo sobre el mercado inmobiliario: la prohibición total de nuevos alquileres turísticos en toda la ciudad. Con esta decisión, el consistorio pone fin a la concesión de licencias para viviendas vacacionales y fija un tope de 639 autorizaciones ya existentes, que seguirán vigentes hasta nueva revisión del plan general de ordenación.
La medida busca responder a la creciente dificultad de acceso a la vivienda para los residentes, un problema que se ha agudizado en los últimos años por la competencia directa con el alquiler turístico. El equipo de gobierno municipal defiende que esta restricción permitirá recuperar parte del parque de vivienda para uso residencial, estabilizar precios y frenar la gentrificación de barrios enteros como Santa Catalina, El Terreno o el Casco Antiguo.
Desde el sector turístico, sin embargo, las reacciones han sido dispares. Mientras las asociaciones hoteleras aplauden la medida por considerar que favorecerá la “competencia justa”, los propietarios de viviendas turísticas denuncian una “criminalización” de su actividad y advierten de un posible aumento del alquiler ilegal.
El Ayuntamiento sostiene que esta decisión no pretende castigar al turismo, sino reordenarlo. “Palma no puede seguir creciendo sin límite; hay que priorizar el derecho a la vivienda frente al uso lucrativo del suelo”, señaló la regidora de Urbanismo durante la presentación del plan.
Este cambio de rumbo se suma a la tendencia de otras ciudades mediterráneas que han adoptado políticas similares para controlar la masificación turística. En el caso de Palma, la apuesta es clara: avanzar hacia un modelo urbano más equilibrado, donde la economía local y el bienestar de los residentes recuperen protagonismo frente a la especulación y el turismo desmedido.
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