ELECCIONES 29 DE NOVIEMBRE (V): EL PSOE ANTE SU PROPIA CONTINUIDAD
Pedir el voto después de varios años en el Gobierno obliga a dar explicaciones distintas de las que corresponden a quien aspira a relevarlo. Las promesas llegan acompañadas de un historial que el ciudadano puede contrastar con decisiones, resultados y problemas todavía pendientes; Pedro Sánchez afronta las elecciones del 29 de noviembre desde esa posición, con una gestión que reivindicar, responsabilidades que asumir y una mayoría que necesita reconstruir.
El PSOE presenta su continuidad como una garantía frente a un posible Gobierno de PP y Vox; Sánchez ha vuelto a situar la movilización contra la derecha y la ultraderecha en el centro de su discurso, vinculándola a la defensa de los salarios, los servicios públicos y las conquistas sociales. Es un argumento legítimo en una elección entre proyectos diferentes; su eficacia dependerá también, sin embargo, de las razones que encuentre el elector para renovar su confianza en quienes ya gobiernan.
Hay resultados que merecen reconocimiento: la última Encuesta de Población Activa sitúa la ocupación en 22.852.600 personas, con 465.500 empleos más que un año antes; al mismo tiempo, la tasa de paro aumentó durante el trimestre hasta el 10,18 %, aunque permanece ligeramente por debajo de la registrada un año atrás. Ambas realidades forman parte del balance y deben leerse juntas, sin seleccionar únicamente la que convenga al discurso propio.
También la subida del salario mínimo constituye una decisión concreta que el Gobierno puede defender: en 2026 quedó fijado en 1.221 euros mensuales en catorce pagas. Su valoración exige considerar a quién beneficia, cómo evoluciona su capacidad de compra y qué efectos tiene sobre el empleo; reconocer la medida no equivale a dar por resueltas las dificultades de quienes viven de un sueldo.
Los resultados responden, además, a una realidad más amplia que la acción de un presidente: intervienen empresas, trabajadores, administraciones, acuerdos sociales y circunstancias internacionales; dentro del propio Ejecutivo, las decisiones han sido compartidas con sus socios de coalición. Atribuir todo avance a Sánchez sería tan poco riguroso como negar cualquier influencia de sus políticas.
Una dificultad central para el Gobierno aparece cuando los buenos indicadores se traducen de manera insuficiente en la vida cotidiana. Tener empleo permite organizar la existencia; esa seguridad se debilita, sin embargo, cuando resulta imposible acceder a una vivienda, ahorrar o afrontar un gasto imprevisto. En el segundo trimestre de 2026, el precio de compraventa de la vivienda libre aumentó un 12,2 % interanual, según el INE; el dato no describe el mercado del alquiler, aunque sí ayuda a entender las dificultades de quienes intentan comprar una casa.
Para el PSOE, la vivienda supone una prueba especialmente exigente de su compromiso con la igualdad. Las competencias se reparten entre distintas administraciones y ninguna solución produce efectos inmediatos; aun así, el tiempo transcurrido obliga a explicar qué resultados han dado las medidas adoptadas, qué obstáculos se subestimaron y qué cambiaría durante otra legislatura. Cada nueva promesa debería distinguir la actuación que ya está en marcha de la que todavía necesita financiación, suelo, acuerdos o desarrollo normativo.
A esa evaluación se añade la confianza en quienes ejercen el poder. Los resultados económicos y sociales no resuelven las preguntas sobre la integridad pública, del mismo modo que los escándalos no borran automáticamente las medidas que hayan mejorado la vida de los ciudadanos; el elector tiene derecho a examinar ambas dimensiones y a exigir que el partido explique cómo selecciona a sus responsables, cómo detecta las irregularidades y cuándo actúa frente a ellas.
La crisis ferroviaria ha introducido otra cuestión de fondo en esta precampaña. Óscar Puente dimitió el 3 de noviembre y renunció a concurrir en las listas socialistas, al considerar que un ministro de Transportes no podía continuar después de dos accidentes de semejante gravedad en menos de un año; al día siguiente, Sánchez anunció que Carlos Cuerpo asumiría temporalmente la cartera y presentó la renuncia como una muestra de respeto a las víctimas y de dignidad política.
La dimisión constituye una asunción de responsabilidad política; su alcance deberá valorarse junto con las explicaciones, las investigaciones y las medidas que la acompañen. Reconocer ese paso no clausura el examen de la gestión anterior ni resuelve las preguntas pendientes; para un Gobierno que pide continuar, importa especialmente demostrar que puede aprender de una crisis y corregir sus procedimientos.
Sánchez conserva una notable capacidad para ordenar el debate alrededor de su continuidad y la alternativa de sus adversarios; después de años de presidencia, también se juzga la manera en que ha ejercido el poder, la calidad de sus explicaciones, el cumplimiento de sus compromisos y su disposición a reconocer errores. La habilidad para superar una dificultad política tiene valor; el ciudadano debe poder distinguirla de la capacidad para resolver el problema que la originó.
La otra gran pregunta se encuentra en el Congreso que salga de las urnas. El PSOE necesita explicar qué mayoría pretende construir, porque los apoyos de una legislatura no se renuevan automáticamente y cada formación concurre con sus propios objetivos; la fragmentación obliga a negociar, pero también a precisar qué acuerdos permitirían gobernar con cierta estabilidad.
La relación con Junts muestra hasta qué punto sería imprudente dar por reproducida la aritmética anterior. El 27 de octubre, Míriam Nogueras abrió la posibilidad de apoyar un Gobierno socialista si Sánchez se apartaba y se aceptaban medidas beneficiosas para Cataluña; el 6 de noviembre reiteró su veto al presidente, descartó facilitar un Gobierno del PP y rechazó que Ada Colau fuera ministra con los votos de su formación. Son posiciones que condicionan tanto el liderazgo como la composición de un eventual Ejecutivo; habrá que seguir su evolución durante la campaña y después de las elecciones.
El PSOE debería explicar cómo aborda esas condiciones y qué margen considera compatible con su proyecto; tampoco puede dar por hecho el respaldo de ERC, PNV, EH Bildu, BNG o las fuerzas situadas a su izquierda, porque cada una deberá responder ante sus electores y decidir qué compromisos estaría dispuesta a asumir.
Negociar en un Parlamento plural forma parte del funcionamiento democrático; la cuestión es conocer el contenido de los acuerdos, su justificación y sus consecuencias, especialmente cuando afectan a recursos públicos, competencias o condiciones de igualdad entre ciudadanos. Cuanto más compleja sea la mayoría, mayor será la necesidad de explicar qué une a sus integrantes y cómo resolverán las diferencias.
La relación con la izquierda requiere, además, un equilibrio difícil: el PSOE pretende reunir el mayor respaldo posible y presentarse como el voto más eficaz para impedir un Gobierno de PP y Vox; al mismo tiempo, podría necesitar los escaños de fuerzas con las que compite. La concentración del voto puede favorecer a los socialistas, pero su efecto sobre el conjunto de una posible mayoría dependerá del reparto territorial y de los resultados de las demás candidaturas; no hay una respuesta idéntica para todas las circunscripciones.
Más allá del cálculo electoral, queda por conocer el contenido de una nueva etapa. Una coalición necesita prioridades compartidas y criterios para decidir cuando surgen desacuerdos; coincidir en el rechazo al adversario puede facilitar el comienzo, pero ofrece pocas garantías sobre la duración y la eficacia del Gobierno.
Ahí se encuentra la tarea principal del PSOE durante estas semanas: explicar para qué quiere otros cuatro años y qué ha aprendido de los anteriores. Defender lo realizado forma parte de esa respuesta; también reconocer las políticas que han resultado insuficientes y los compromisos que necesitarían una revisión.
El ciudadano debería poder identificar unas pocas prioridades, conocer sus costes y plazos y comprender qué acuerdos las harían posibles; esa claridad permitiría juzgar la candidatura socialista por algo más que la adhesión o el rechazo que provoca Sánchez, una polarización que a menudo ocupa el espacio donde deberían discutirse las decisiones.
El 29 de noviembre se valorará un balance y la credibilidad de una propuesta. Al PSOE le corresponde demostrar que su experiencia le permite corregir lo que sigue pendiente y ofrecer un horizonte reconocible; al elector, decidir si las razones que presenta justifican renovar la confianza.
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