Es una infamia que acaba con la infancia y la adolescencia de estos niños y jóvenes. Los grupos que abiertamente se endilgan el derecho a luchar en nombre del pueblo son, en realidad, quienes más oprimen a familias de poblaciones que viven en “zonas rojas” de Colombia, que incluyen poblaciones afrodescendientes e indígenas.
En este caso concreto, cinco hijos de una sola familia se escondieron en la selva del departamento del Caquetá por instrucciones de sus padres, quienes habían sido retenidos por disidencias de la guerrilla F.A.R.C. (alias Urías Perdomo y alias la Morocha) bajo el mando de alias “Calarcá”.
¿Quién es alias Calarcá
El general Edilberto Cortés, comandante de la sexta división del Ejército estuvo al mando de la operación que permitió el rescate de estos menores y una joven que los acompañaba en la madrugada del 31 de marzo. El uso de un celular fue clave para el hallazgo y la comunicación, que previamente se había establecido con una palabra clave. Los padres habían logrado escapar y solicitaron la ayuda para rescatar a sus hijos. Podemos hablar hoy de un caso feliz, pero ¿Qué sucede con tantas y tantas familias que han sido separadas de sus hijos?
Según la Defensoría del pueblo, durante el año 2025 se registraron 257 casos de reclutamiento (Cauca: 93 casos, Antioquia: 25 casos, Chocó: 22 casos, Huila: 15 casos, Nariño: 14 casos), pero hay subregistros; familias que no denuncian por miedo a estos grupos. Desafortunadamente, existe también la práctica de algunas familias de entregar a sus hijos a estos grupos, lo que evidencia una gran ignorancia sobre los perjuicios psicológicos y de seguridad vital que ocasiona la práctica del reclutamiento forzado.
Para 2024 los casos ascendieron a 578, según lo informado por la Defensoría del pueblo.
Dentro de las condiciones del Acuerdo de paz que realizó el Gobierno Santos con las F.A.R.C., se estableció la creación de una entidad (J.E.P. Jurisdicción especial para la Paz, componente de justicia del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición en Colombia), en la cual se recibirían todos los testimonios de los crímenes perpetrados por los guerrilleros y también un espacio para escuchar a las víctimas o familiares de las víctimas. En el año 2025, en el desarrollo de estos testimonios, los exmilitantes de esta guerrilla reconocieron haber reclutado alrededor de 18.000 menores de edad, algunos de los cuales fueron recibidos por el I.C.B.F. (Instituto Colombiano de Bienestar Familiar) para restablecer sus derechos, acogiéndolos y para darles una formación que les permitiera ingresar a la vida civil nuevamente.
Es lamentable que la práctica del reclutamiento siga ocurriendo en Colombia, llevada a cabo no solo por las disidencias de la F.A.R.C., sino también por otros grupos armados al margen de la ley como el E.L.N. y demás grupos delincuenciales, a pesar de los intentos de la llamada “Paz Total” propuesta por el Gobierno Petro, que tiene muchas dudas frente a la forma en cómo se ha llevado a la práctica o en cuanto a su real efectividad. Las negociaciones entre diferentes gobiernos a través de décadas en la historia de Colombia, ha dejado, por lo general, un fortalecimiento de estos grupos. No vemos la luz al final del camino y tampoco el fin de esta situación en el futuro más cercano.
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