Informes municipales concluyentes alertan del riesgo real y creciente de residir en el recinto por el aumento de incendios y la conflictividad
Javier Bonet: “Animar a resistir en estas condiciones es irresponsable y contrario al deber de proteger la vida y la integridad de las personas”
Palma, 04 de marzo de 2026.- El Ajuntament de Palma expresa su condena más rotunda a las manifestaciones realizadas este miércoles por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), en las que se anima a las personas que ocupan la antigua prisión de Palma a resistir el proceso de desalojo.
“Consideramos una irresponsabilidad absoluta animar a estas personas a permanecer en un espacio inseguro e insalubre, desoyendo los informes técnicos y el criterio de los profesionales que velan por la seguridad pública”, ha señalado el primer teniente de alcalde, Javier Bonet.
En este sentido, ha recordado que el Consistorio inició el procedimiento de recuperación posesoria del antiguo recinto penitenciario con un único objetivo: preservar la seguridad e integridad de las personas que residen en su interior.
“No actuar ante una situación acreditada de riesgo supone una dejación de funciones por parte de esta administración”, ha insistido el regidor.
Si bien el recinto municipal ha estado ocupado durante años, Bonet ha recordado que en los últimos meses se ha detectado un cambio de tendencia en la convivencia y perfil de sus ocupantes, que ha derivado en un aumento progresivo de los incidentes y de la conflictividad.
Así lo avalan los informes técnicos elaborados por Bomberos de Palma, Policía Local y Urbanismo, que advierten de un riesgo real y creciente, tanto para quienes permanecen en el interior como para los servicios de emergencia que deben intervenir ante cada incidencia.
Estos documentos constatan, por un lado, la grave situación de insalubridad del recinto, con acumulación de basuras y residuos que ha favorecido la proliferación de ratas y plagas, y por otro, el elevado riesgo de incendio, tanto por los numerosos fuegos contabilizados —en su mayoría provocados— como por la propia configuración estructural del edificio.
“Al tratarse de un antiguo recinto penitenciario, su diseño con compartimentaciones dificulta las evacuaciones y complica las intervenciones de los servicios de emergencia”, ha explicado Bonet.
Por todo lo expuesto, y en referencia a las declaraciones expresadas por la PAH a los residentes de la prisión, Bonet ha señalado que “mensajes como los emitidos hoy no solo ignoran la realidad objetiva del riesgo, sino que ponen en peligro tanto a quienes residen en el recinto como a los trabajadores de emergencias que deben intervenir ante cada incidente”.
“Animar a resistir en estas condiciones es irresponsable y contrario al deber de proteger la vida y la integridad de las personas”, ha añadido.
El regidor ha desmentido asimismo las acusaciones vertidas por la Plataforma sobre la supuesta existencia de medio centenar de personas no censadas por parte del Ajuntament.
En esta línea, ha recordado que durante dos jornadas consecutivas, Policía Local y Serveis Socials realizaron un operativo exhaustivo que permitió identificar a 206 personas en los módulos de la antigua prisión. A ellas, como se ha comunicado en anteriores ocasiones, se suman otras 60 que viven en la zona de las antiguas viviendas, “unos espacios que nada tienen que ver con la realidad de los módulos”.
“Son situaciones muy alejadas. La zona de los módulos, tal y como confirman de forma reiterada los informes técnicos, es donde se concentran los problemas de seguridad y las condiciones peligrosas que han motivado la recuperación posesoria”, ha subrayado el regidor.
Para finalizar, Bonet ha invitado a la PAH a colaborar de manera responsable ante una situación que no admite demora. “Si quieren ayudar de verdad a estas personas, lo que corresponde es colaborar en la búsqueda de soluciones habitacionales y en el acompañamiento social, no animarlas a permanecer en un espacio que presenta riesgos evidentes e insalubridad. Invitar a resistir en estas condiciones no es defender derechos, es asumir un riesgo inaceptable con su seguridad”, ha expresado.
En relación al comunicado emitido por la red EAPN Baleares, que cuestiona la “urgencia inexplicable” del desalojo, el Ajuntament recuerda nuevamente que esta actuación responde estrictamente a criterios de responsabilidad institucional y seguridad.
“Actuamos por imperativo técnico y legal. La urgencia deriva del riesgo real al que están sometidas las personas que residen en el interior del edificio”, ha vuelto a señalar Bonet, haciendo referencia al incremento de la conflictividad, el riesgo de incendios y la situación de insalubridad del recinto.
Ejemplo de esta tendencia, ha continuado el regidor, es el aumento de intervenciones en el recinto: desde el inicio de legislatura, la Policía Local ha realizado casi 270 actuaciones, la mayoría fuera de sus competencias, a las que se suman aproximadamente otras 80 intervenciones de Bomberos, 49 en 2025 y más de una decena en lo que va de 2026.
Por otro lado, el teniente de alcalde ha considerado que “comparar la situación de la antigua cárcel con un conflicto bélico es absolutamente inadecuado”.
“Nada tiene que ver la situación de Ucrania con la que vivimos en la antigua cárcel de Palma, donde además el Ajuntament trabaja con toda su capacidad para que el desalojo se lleve a cabo con el menor impacto social posible”, ha insistido Bonet.
En esta línea, ha recordado que por parte del Consistorio se ha ofrecido de manera reiterada la cartera de servicios municipales a los residentes de la antigua prisión.
Además, atendiendo al censo municipal, que revela que la mayoría de los ocupantes se encuentran en una situación administrativa irregular, se ha instado en numerosas ocasiones a la Delegación de Gobierno a actuar en el marco de sus competencias y habilitar medidas para estas personas.
Asimismo, el Ajuntament ha abierto recientemente un correo electrónico para que entidades y particulares que cuenten con recursos puedan ponerlos a disposición de las personas residentes, a la vez que se mantiene el contacto permanente con el Consell de Mallorca y el Govern de les Illes Balears para explorar todas las vías y soluciones posibles a una situación “que no admite demora”.
“Instamos una vez más a las entidades sociales, particulares e instituciones competentes a proponer soluciones habitacionales y alternativas para los residentes de la antigua prisión”, ha reiterado Bonet, recordando que el Ajuntament está actuando con total responsabilidad, transparencia y firmeza.
“Nuestra prioridad absoluta es proteger la seguridad, la salud y la integridad de estas 200 personas, y cualquier otra consideración queda subordinada a este deber”, ha concluido Bonet. palma.cat
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