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La situación política en Venezuela ha provocado una respuesta internacional fragmentada y, en muchos casos, cautelosa.
Mientras algunos gobiernos y actores internacionales interpretan el escenario actual como una oportunidad para impulsar una transición política y la celebración de elecciones con garantías, otros han expresado serias reservas sobre la forma en que se han producido los acontecimientos relacionados con Nicolás Maduro, señalando posibles vulneraciones del derecho internacional y del principio de soberanía de los Estados.
En el ámbito europeo, la posición dominante no ha sido de apoyo explícito ni de condena frontal, sino de equilibrio diplomático. La Unión Europea ha insistido en la necesidad de una salida democrática, pacífica y negociada para Venezuela, subrayando al mismo tiempo la importancia de respetar el marco jurídico internacional. Este enfoque refleja las divisiones internas entre los Estados miembros, algunos más proclives a respaldar un cambio político rápido y otros más preocupados por el precedente que podría sentar una actuación percibida como injerencia externa.
En el Parlamento Europeo, el debate se ha centrado en cómo acompañar una eventual transición sin alimentar una escalada de tensiones ni legitimar soluciones de fuerza. Las intervenciones han puesto el acento en la necesidad de elecciones creíbles, la protección de los derechos humanos y el papel de la diplomacia multilateral como única vía sostenible para estabilizar el país.
Fuera de Europa, el panorama es igualmente heterogéneo. Algunos países alineados con Estados Unidos consideran prioritario cerrar la etapa del actual liderazgo venezolano y avanzar hacia un nuevo marco político, mientras que otros Estados, especialmente aliados tradicionales de Caracas, denuncian lo ocurrido como una violación del orden internacional y advierten del riesgo de normalizar acciones unilaterales.
En conjunto, la comunidad internacional se mueve entre el pragmatismo político y la preocupación jurídica. El consenso es limitado, pero hay un punto común: la salida a la crisis venezolana difícilmente será estable si no combina legitimidad democrática, respeto al derecho internacional y un proceso político que reduzca la polarización interna y externa.
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