Cuando los niños compran sin permiso: cómo es posible y qué protección existe

Un niño, un teléfono desbloqueado y unos cuantos clics...

El resultado puede ser un susto económico importante

Pedidos confirmados, cargos en la tarjeta y, en algunos casos, compras que alcanzan cientos de euros en cuestión de minutos. No es una anécdota aislada. Es una situación cada vez más frecuente en hogares donde la tecnología forma parte del día a día.

La pregunta surge de inmediato: ¿cómo es posible que esto ocurra con tanta facilidad? Y después, la más incómoda: ¿quién responde por ese dinero?

La respuesta empieza en la propia estructura del comercio digital. Las plataformas han reducido al máximo cualquier obstáculo en el proceso de compra. Tarjetas guardadas, sesiones abiertas, sistemas de “compra en un clic” y aplicaciones vinculadas a cuentas ya verificadas hacen que el pago pueda completarse casi sin fricción. Si el menor tiene acceso al dispositivo y conoce las contraseñas —o simplemente el teléfono está desbloqueado— el sistema interpreta que quien realiza la operación es el titular autorizado. Técnicamente, la empresa ha seguido el procedimiento correcto: cuenta validada, método de pago activo y aceptación de condiciones. El cobro se ejecuta automáticamente.

Desde el punto de vista legal, sin embargo, la situación tiene matices. En España y en el ámbito de la Unión Europea, los contratos realizados por menores sin el consentimiento de sus representantes legales pueden ser anulables. Esto significa que existe margen para reclamar. Además, en las compras online se aplica el derecho de desistimiento de 14 días naturales desde la recepción del producto, lo que permite devolver el artículo y recuperar el importe, salvo en casos concretos como productos personalizados o contenidos digitales ya consumidos.

El problema aparece cuando las compras son digitales o se realizan dentro de videojuegos y aplicaciones. En esos casos, si el contenido ya ha sido descargado o utilizado, la devolución puede complicarse y dependerá de las condiciones específicas de cada plataforma.

¿Y el banco? Si la operación se ha realizado desde un dispositivo autenticado, con tarjeta válida y sin acceso fraudulento externo, la entidad financiera no suele considerarlo un fraude bancario. No se trata de un ciberdelito cometido por terceros desconocidos, sino de una operación realizada dentro del entorno doméstico. Por ello, la reclamación directa al banco rara vez prospera si el sistema de pago funcionó correctamente.

En este contexto, la protección existe, pero exige rapidez y gestión activa. Comunicar la incidencia inmediatamente a la plataforma, solicitar la devolución dentro de plazo y documentar que la compra fue realizada por un menor son pasos fundamentales para intentar recuperar el importe.

Más allá de la reclamación puntual, el episodio abre un debate más amplio. El comercio digital está diseñado para facilitar la compra inmediata, no para introducir pausas reflexivas. Cuanto más sencillo es pagar, más probable es que alguien sin plena conciencia del valor económico —como un niño— complete una transacción sin medir sus consecuencias. La comodidad tecnológica, pensada para adultos, puede convertirse en un riesgo cuando el control parental es insuficiente.

La prevención, en este escenario, es clave. Configurar autenticación adicional en cada compra, activar sistemas de verificación biométrica, revisar periódicamente los métodos de pago vinculados a aplicaciones y evitar compartir contraseñas son medidas básicas que pueden evitar un disgusto considerable. Son pequeñas barreras que devuelven algo de control en un entorno diseñado para eliminarlo.

Estos casos no suelen encajar en la categoría de fraude, sino en la combinación de confianza familiar y tecnología optimizada para comprar con rapidez. La buena noticia es que, actuando a tiempo, en muchos casos el dinero puede recuperarse. La mala es que el aprendizaje casi siempre llega después del susto.