El Govern de les Illes Balears ha aprobado una propuesta para la creación de un nuevo tributo que gravará a los turistas que accedan al archipiélago con vehículos no matriculados en las islas.
La iniciativa, que aún debe superar los trámites parlamentarios, nace con un doble objetivo: descongestionar las carreteras, especialmente durante los meses de alta temporada, y generar ingresos destinados a la transición ecológica del parque móvil local y a la financiación de infraestructuras sostenibles.
© PLB / Esta medida se enmarca en la misma línea de políticas de sostenibilidad turística que ya se aplican en el sector, como la limitación de cruceros en el Puerto de Palma. La llegada masiva de coches de alquiler y, sobre todo, de turistas que trasladan sus propios vehículos en barco, es identificada por el Ejecutivo autonómico como uno de los factores clave de la saturación circulatoria y del aumento de la contaminación atmosférica.
Los detalles de la propuesta
Aunque la ley aún se está perfilando, se conoce que el impuesto se aplicaría a todos los turistas que ingresen a las islas con su coche particular a través de los puertos de Palma, Alcúdia, Ciutadella y Eivissa. El pago, que se realizaría en el momento del embarque o desembarque, funcionaría como una tasa de acceso temporal. El Gobierno balear baraja varias opciones para su cálculo, que podría ser una cantidad fija por día de estancia o una tasa única por todo el viaje.
Los fondos recaudados irían dirigidos a un fondo específico para financiar proyectos de movilidad sostenible. Entre los destinos previstos se encuentran la mejora del transporte público interurbano, la instalación de más puntos de recarga para vehículos eléctricos y la renovación del parque automovilístico de las islas para favorecer la adquisición de coches menos contaminantes.
Argumentos a favor y en contra
El debate sobre la medida está servido. Los partidarios de la iniciativa, entre los que se encuentran colectivos ecologistas y plataformas vecinales, argumentan que es un paso necesario para avanzar hacia un turismo de calidad y menos masificado. Subrayan que la medida disuadirá a una parte del turismo de llevar su coche, fomentando el uso del transporte público y del coche de alquiler de baja emisión, lo que se traduciría en una notable mejora de la calidad del aire y de la vida de los residentes.
Por otro lado, los sectores más críticos, especialmente los vinculados al comercio y a la hostelería, han mostrado su preocupación. Alegan que este nuevo gravamen podría percibirse como un "impuesto de entrada" que penaliza al visitante, desincentivando el turismo por carretera, que suele tener un gasto medio más alto y una estancia más larga. Temen que esto repercuta negativamente en la economía local, especialmente en el interior de las islas, que depende en gran medida de este tipo de viajeros.
Un futuro por definir
La propuesta se someterá ahora a un periodo de enmiendas y debate en el Parlament balear. Su aprobación final y su puesta en práctica podrían tardar varios meses. De materializarse, Baleares se convertiría en un territorio pionero en España en aplicar un tributo de estas características, marcando de nuevo un punto de inflexión en su modelo de gestión turística. El desafío del Govern será encontrar el equilibrio entre la necesaria protección medioambiental y la vitalidad económica, un dilema que define el presente y el futuro de las islas.
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