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La violencia en Colombia ha dado un escalofriante salto este miércoles, saliendo de las regiones apartadas para golpear con crudeza el corazón del país. Dos ataques simultáneos, ejecutados por disidencias de las antiguas FARC, han sembrado luto y una profunda preocupación sobre la real seguridad en el territorio nacional.
En un acto de audacia terrible, un ataque con explosivos contra una base militar en plena ciudad de Cali cobró la vida de seis personas. Casi al mismo tiempo, en una zona rural de Antioquia, el derribo de un helicóptero de la Policía terminó con la vida de doce agentes. Estas no son escenas de un pasado remoto, sino una dolorosa y actual realidad que evidencia la propagación de un conflicto que muchos creían confinado a regiones como el Catatumbo o el Cauca.
El mensaje de los grupos armados es claro: al menos algunas facciones disidentes buscan llevar la ofensiva directamente al Estado, atacando fuera de sus zonas de influencia tradicional. Una estrategia que, en los últimos años, había sido ocasionalmente empleada por el ELN, y que siempre fue repudiada con fuerza por la ciudadanía.
La respuesta del Gobierno: Una declaración de "terrorismo"
La reacción del presidente Gustavo Petro fue contundente. A través de su cuenta de X (antes Twitter), calificó el ataque en Cali como una "reacción terrorista", argumentando que es la respuesta de un grupo afectado por una ofensiva militar ordenada hace meses.
"Después de la derrota producida a la columna Carlos Patiño... tenemos una reacción terrorista en Cali... El terrorismo es la nueva expresión de las facciones que se dicen dirigidas por Iván Mordisco", declaró el mandatario.
Horas más tarde, la ministra de Defensa encargada, Ana Catalina Cano, reforzó el mensaje en un video oficial: el gobierno considerará a las disidencias de alias Iván Mordisco, el Clan del Golfo y la Segunda Marquetalia como organizaciones terroristas, perseguibles en cualquier parte del mundo por delitos de lesa humanidad. Esta decisión, sin embargo, deja una enorme incógnita flotando en el aire: ¿qué pasará con los diálogos de paz que el mismo gobierno había reabierto con el Clan del Golfo, y que tenían lugar en Catar?
Un fantasma del pasado que regresa
Para los colombianos, estos ataques reviven los peores recuerdos de épocas que se creían superadas. La oleada terrorista de Pablo Escobar en los 90 y el cerco de las extintas FARC a las grandes ciudades a inicios del siglo XXI parecían capítulos cerrados tras el Acuerdo de Paz de 2016.
Tras ese hito, el conflicto se replegó. El terrorismo urbano se sentía distante, un mal que ocurría en áreas específicas con presencia de grupos ilegales. Atentados como el carro bomba contra la Escuela de Cadetes de Bogotá en 2019 fueron excepciones trágicas a una regla de relativa calma en los centros urbanos. Se hablaba de "posconflicto", un término que, hoy por hoy, ha quedado obsoleto.
La realidad, como señala el Comité Internacional de la Cruz Roja, es que Colombia enfrenta múltiples conflictos entrelazados. La guerra ha mutado, creciendo al ritmo de la multiplicación de grupos armados que disputan toda clase de rentas ilícitas: narcotráfico, minería ilegal, extorsión y trata de personas.
Estos dos salvajes atentados no son un hecho aislado. Son la expresión más violenta de una crisis de seguridad profunda que exige respuestas contundentes y una reflexión nacional sobre el camino que debe tomar el país para no volver a un pasado de dolor que nunca debió regresar.
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