¿Qué establece la norma?
© PLB / El Parlament de las Illes Balears, con los votos de PP y Vox, ha dado luz verde a la denominada Ley de obtención de suelo mediante Proyectos Residenciales Estratégicos (PRE). La ley permite:
Construir en suelo rústico, incluso en zonas de transición y áreas protegidas como la Serra de Tramuntana, sin tener que agotar previamente el suelo urbanizable disponible.
Legalizar construcciones ilegales o no autorizadas en suelo rústico y zonas protegidas, siempre que se hayan erigido antes del 10 de marzo de 1991 —fecha de la Ley de Espacios Naturales.
Declarar la emergencia habitacional en las islas, justificando la urgencia de ampliar la oferta de viviendas tasadas (aunque hasta un 25 % se podrá destinar al mercado libre si no es rentable).
Argumentos del gobierno
PP y Vox defienden la ley como necesaria para afrontar la crisis de acceso a la vivienda de las clases medias y bajas, argumentando que las restricciones urbanísticas han fracasado y que "hay personas viviendo en caravanas sin un techo" mientras trabajan en las islas.
Rechazo frontal de la oposición
PSIB‑PSOE, Més per Mallorca, Més per Menorca y Unidas Podemos han anunciado un recurso ante el Tribunal Constitucional por presuntas irregularidades en la tramitación (inclusión del artículo 7 bis sin debate en comisión), vulneración del derecho a participación política y uso frívolo del decreto ley.
Movilización social y sanitaria
Varios colectivos, incluyendo el GOB (Grupo de Ornitología Balear), Federación de Vecinos de Palma y el Fórum de la Societat Civil, han protestado frente al Parlament. Temen un proceso descontrolado de urbanización, reducción de espacios públicos, falta de infraestructuras y sobrecarga de servicios.
En Palma, se reprocha que en barrios como Secar de la Real, la densidad de población se duplicaría o incluso cuadruplicaría, aumentando en un 45 % la edificabilidad y reduciendo dramáticamente los metros cuadrados públicos por habitante.
La voz de la ecología: “retroceso de 40 años”
Organizaciones ambientalistas de Ibiza (como IbizaPreservation) y GOB advierten del impacto irreversible: presiones sobre el agua, el paisaje, la pérdida de suelo fértil y el “blanqueo urbanístico” de fondos de inversión. Insisten en que la ley no aumentará la vivienda asequible y dañará los recursos limitados de las islas.
Judicialización del conflicto
Un recurso presentado por más de 50 diputados –PSOE, Sumar Més, Podemos y el GOB entre otros– ya ha sido admitido a trámite por el Tribunal Constitucional. Denuncian una amnistía generalizada y la instauración del silencio administrativo positivo para agilizar legalizaciones sin evaluación ambiental suficiente.
La nueva ley urbanística plantea un cambio radical: se propone legalizar construcciones previas a 1991 y abrir suelo rústico a una nueva ola de viviendas para aliviar la crisis habitacional. Sin embargo, provoca alarma social y ambiental, con movilizaciones vecinales, denuncias por vulneración de derechos democráticos, y una posible sentencia del Constitucional.
El desenlace dependerá de la resolución del recurso presidencial y de si el Govern logra implementar medidas de compensación antes del pleno despliegue constructivo. La tensión entre urgencia habitacional y sostenibilidad territorial está en su punto más álgido.
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