LA VIVIENDA NO PUEDE SEGUIR ESPERANDO
La vivienda se ha convertido en una paradoja española. Nunca se ha hablado tanto de ella y, sin embargo, cada año resulta más difícil encontrar una casa en la que vivir. Los gobiernos anuncian planes, los partidos discuten sobre culpables y las familias siguen haciendo cuentas delante de una pantalla: este piso cuesta demasiado; aquel ya se ha alquilado; en el otro piden unas garantías imposibles.
No hemos llegado aquí de repente. Tras la crisis inmobiliaria de 2008, la construcción se redujo drásticamente y la vivienda protegida fue perdiendo peso. Durante la última década, la demanda de alquiler creció en las ciudades y en las zonas turísticas sin que la oferta pudiera seguirle el paso. Desde 2022, el desequilibrio se ha hecho especialmente visible: entre ese año y 2024, la formación de nuevos hogares superó la construcción de viviendas en unas 400.000 a 450.000 unidades, según estimó el Banco de España. La cifra no significa que falte exactamente una casa para cada uno de esos hogares, pero sí mide la distancia entre las nuevas necesidades y las viviendas que se terminan.
En agosto de 2026, el precio anunciado del alquiler en España alcanzaba los 15,1 euros por metro cuadrado, un 5,8 % más que un año antes. En Baleares se situaba en 20 euros. Son precios de oferta, no la renta que paga cada inquilino, pero bastan para entender la angustia de quien necesita buscar casa hoy. En Palma, un piso de ochenta metros cuadrados anunciado al precio medio de la ciudad rondaría los 1.540 euros mensuales, una cantidad que puede dejar fuera a quien trabaja a jornada completa y cobra un sueldo corriente.
En nuestras islas se suman dificultades que no se resuelven con una explicación única. El territorio es limitado; hay suelo que debe preservarse y suelo apto para construir que tarda años en convertirse en viviendas. La actividad económica atrae trabajadores, muchos de ellos estacionales, que también necesitan alojamiento. A ello se añaden la demanda de segundas residencias, el atractivo de la inversión inmobiliaria y el uso turístico de parte de las viviendas. No todas estas presiones tienen el mismo peso en cada municipio, pero juntas estrechan el espacio disponible para quienes viven aquí todo el año. Culpar únicamente al turismo sería tan cómodo como ignorar su influencia.
También faltan recursos para construir al ritmo necesario: suelo preparado, trámites razonables, profesionales de la construcción e inversión sostenida. Y cuando por fin se levanta un edificio, nada garantiza que sus pisos estén al alcance de los salarios locales.
Así se retrasa la emancipación de los jóvenes, se aplazan proyectos de pareja y se obliga a compartir vivienda a personas que ya habían dejado atrás esa etapa de su vida. Hay trabajadores que no pueden aceptar un empleo porque no encuentran alojamiento cerca. Si una enfermera, un camarero o una maestra no pueden vivir donde trabajan, el problema ha dejado de ser estrictamente inmobiliario.
En esta crisis hay otro rostro, a menudo más doloroso: el de quien pierde su casa. Los desahucios no son una abstracción estadística. En el primer trimestre de 2025 se practicaron en España 7.334 lanzamientos; más de tres de cada cuatro procedían de procedimientos relacionados con la Ley de Arrendamientos Urbanos. Detrás de cada caso hay circunstancias distintas: no todos responden al mismo abuso ni admiten la misma solución, pero ninguno debería encontrar a los servicios sociales desprevenidos.
Merece especial atención la actuación de ciertos fondos y sociedades de inversión. Compran edificios o carteras de pisos y calculan su rentabilidad con una frialdad que deja poco espacio para la vida de quienes residen allí. No todos los desahucios los promueven fondos, ni toda inversión inmobiliaria es abusiva. Pero cuando la vivienda se trata únicamente como un activo del que extraer el máximo beneficio, el inquilino corre el riesgo de convertirse en un obstáculo en una hoja de cálculo. Las administraciones deben vigilar los abusos, exigir transparencia y evitar que la vulnerabilidad de una familia se convierta en una oportunidad de negocio.
Y hay otra injusticia que tampoco debe esconderse: la ocupación de viviendas ajenas. Pensemos en alguien que ha trabajado y ahorrado toda su vida para comprar un pequeño piso. Si otras personas entran en él sin derecho, no se le puede pedir que soporte indefinidamente los costes y la incertidumbre como si fuera responsable de resolver, por su cuenta, un problema social. Conviene distinguir entre el allanamiento de una vivienda que constituye morada y la ocupación de un inmueble que no lo es, porque la respuesta legal depende de las circunstancias. Una reforma de 2025 abrió la vía del enjuiciamiento rápido para determinados supuestos, pero no hizo que cualquier ocupación se resolviera automáticamente por ese cauce.
El asunto se vuelve especialmente difícil cuando en la vivienda ocupada hay menores. Los niños no han elegido esa situación y deben ser protegidos. Su presencia exige valorar sus circunstancias y activar, cuando corresponda, una respuesta de los servicios sociales; tampoco puede convertir una ocupación sin derecho en una solución habitacional indefinida ni dejar al propietario solo ante un problema que no ha creado. La protección de los menores es una obligación pública y no debería descansar sobre la paciencia, la salud o los ahorros de un particular.
Ahí se revela una de las grandes incapacidades de nuestra política de vivienda. La familia vulnerable necesita ayuda antes de llegar al juzgado; el propietario, una respuesta eficaz antes de quedar atrapado en un procedimiento interminable; y el menor, protección real, no servir de argumento en una disputa entre adultos. Nada de eso se consigue enfrentando a pobres contra pequeños propietarios mientras las administraciones llegan tarde o no llegan.
Durante la última década, gobiernos de distinto signo han aprobado normas y anunciado soluciones. Sería injusto afirmar que no se ha hecho nada: existe una ley estatal de vivienda, se han impulsado promociones públicas y se han establecido medidas de protección. Pero conviene saber qué responsabilidad tiene cada cual. El Gobierno central puede legislar en las materias que le corresponden, financiar planes de vivienda, orientar la política económica y fiscal y dotar de medios suficientes a la justicia. No decide, por sí solo, dónde puede levantarse cada edificio ni concede las licencias municipales, pero eso no lo exime de responder por sus decisiones y por los resultados de una política que lleva años dirigiendo.
Las comunidades autónomas tienen competencias propias en vivienda y un papel fundamental en la promoción y gestión del parque público. En Baleares, el Govern debe diseñar una política capaz de atender la realidad de las islas y sostenerla más allá de una legislatura. Los consells insulars intervienen en la ordenación del territorio; los ayuntamientos toman decisiones urbanísticas, tramitan licencias y pueden promover vivienda protegida. Son también las administraciones más cercanas a muchas familias cuando necesitan ayuda urgente. Si el suelo no se prepara, los proyectos se retrasan o no hay una vivienda disponible para una emergencia, la responsabilidad no puede desaparecer en el camino entre una ventanilla y otra.
El Gobierno actual recibió un problema antiguo, pero lleva años gobernando mientras se agrava. Le corresponde reconocer qué medidas han funcionado, cuáles no y qué hará para corregirlas. La misma exigencia vale para el Govern balear, los consells y los ayuntamientos dentro de sus respectivas competencias.
Hace falta aumentar de forma sostenida el parque público de alquiler y conservarlo como tal, para que el esfuerzo de hoy siga sirviendo a quienes necesiten una vivienda mañana. Hace falta rehabilitar edificios, movilizar inmuebles que puedan volver al uso residencial y reducir las demoras para construir en los lugares adecuados, respetando el territorio. En Baleares, esa última condición importa especialmente: no podemos resolver una necesidad social deteriorando las islas que queremos habitar.
También hay que perseguir el fraude en los alquileres de temporada y turísticos, vigilar las prácticas abusivas y dar seguridad tanto a inquilinos como a propietarios. Reforzar los juzgados ayudaría a resolver los conflictos sin años de espera; unos servicios sociales dotados de recursos y viviendas de emergencia permitirían proteger a una familia vulnerable sin cargar esa obligación sobre otra persona.
Ninguna medida, por sí sola, abaratará mañana todos los pisos. Por eso hacen falta continuidad y una manera honesta de medir los resultados: cuántas viviendas asequibles se terminan, cuántas permanecen en alquiler público, cuánto tarda una licencia, cuántas familias reciben ayuda antes de perder su casa.
Lo verdaderamente alarmante es que ya conocemos el diagnóstico. La escasez, los precios, los desahucios, las ocupaciones y la falta de respuestas rápidas no aparecieron ayer. Han crecido a la vista de sucesivos gobiernos, mientras cada uno encontraba tiempo para culpar al anterior. No se trata de pedir milagros ni de buscar un único culpable, sino de exigir que una necesidad tan elemental deje de aplazarse.
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