CEUTA: UNA CRISIS MUCHO MÁS DIFÍCIL DE LO QUE PARECE
A día de hoy, casi dos meses después de los acontecimientos del 30 y 31 de julio, las imágenes de Ceuta vuelven a explicar mejor que cualquier discurso hasta qué punto la crisis continúa abierta. Desde primera hora de la mañana, Policía Nacional y Guardia Civil han trasladado a inmigrantes que permanecían en las playas de Benítez y El Trampolín hasta las instalaciones provisionales levantadas en el puerto; hubo momentos de tensión, carreras, aglomeraciones y disparos policiales al aire. Las aproximadamente 1.700 plazas disponibles resultaron insuficientes y miles de personas tuvieron que regresar a las playas.
Es una fotografía muy distinta de aquellas primeras horas de finales de julio, pero pertenece a la misma historia. Entonces más de 70.000 personas atravesaron la frontera desde Marruecos en un episodio sin precedentes; la mayor parte regresó rápidamente, pero miles permanecieron en territorio ceutí. A día de hoy se estima que todavía quedan alrededor de 10.000.
Y quizá ahí comenzó también un error de percepción. Durante aquellos dos días pensamos que el problema era entrar en Ceuta; siete semanas después sabemos que la parte verdaderamente complicada empezaba una vez dentro.
Como ya he comentado, Ceuta tiene alrededor de 85.000 habitantes y apenas 18,5 kilómetros cuadrados. Una llegada de semejantes dimensiones habría desbordado las estructuras asistenciales de prácticamente cualquier ciudad española; en Ceuta, la desproporción resulta todavía mayor.
No se trata únicamente de encontrar un lugar donde dormir. Hay que alimentar, identificar y atender sanitariamente a miles de personas; proporcionar intérpretes y asistencia jurídica; estudiar solicitudes de protección internacional; distinguir adultos de menores y mantener, al mismo tiempo, funcionando una ciudad cuyos habitantes continúan trabajando, llevando a sus hijos al colegio, acudiendo al médico o abriendo sus comercios.
Antes de la crisis existían unas 500 plazas de acogida temporal. El Gobierno comunicó el 15 de septiembre que había ya 4.160 personas atendidas en plazas temporales y que trabajaba para alcanzar las 6.000.
Y aun así, las playas han continuado durante semanas convertidas en improvisados lugares de residencia; las imágenes de este 18 de septiembre son consecuencia de esa insuficiencia. La Audiencia Nacional permitió finalmente utilizar temporalmente una zona del puerto después de rechazar la suspensión cautelar solicitada por el Sindicato Unificado de Policía, que había planteado dudas relacionadas con la seguridad del emplazamiento. Nada de esto se parece todavía a la normalidad.
Probablemente mucha gente se pregunta: si han entrado irregularmente, ¿por qué España no los devuelve inmediatamente a Marruecos? Porque una frontera tiene puertas, pero un Estado de derecho tiene procedimientos.
Entrar irregularmente en España no concede por sí mismo el derecho a permanecer en nuestro país, pero tampoco elimina los derechos reconocidos por la legislación. Antes de proceder a una devolución hay que identificar a la persona y determinar su situación jurídica; puede solicitar protección internacional, puede ser menor, puede encontrarse en una situación especialmente vulnerable o pueden existir circunstancias que condicionen legalmente su retorno.
Además, no todos los procedimientos de devolución son iguales. La reciente jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre quienes acceden a Ceuta a nado ha abierto un debate jurídico acerca del alcance del régimen especial de rechazo en frontera previsto para Ceuta y Melilla, hasta el punto de plantearse posibles cambios legislativos.
La paradoja resulta evidente: cuanto mayor es el número de personas que entran simultáneamente, más urgente parece devolverlas; pero también más difícil resulta tramitar correctamente miles de situaciones individuales.
Si existe un aspecto especialmente delicado es el de los menores extranjeros no acompañados.
A 15 de septiembre había 2.048 menores filiados y atendidos en Ceuta; 1.612 habían llegado a partir de la crisis del 30 y 31 de julio. El Gobierno calculaba, además, que todavía podían quedar entre 700 y 1.000 menores en las calles pendientes de una atención adecuada.
Un menor no puede ser tratado jurídicamente como un adulto que ha cruzado irregularmente una frontera. España tiene obligaciones especiales de protección: hay que determinar su edad, conocer sus circunstancias personales y familiares, proporcionarle representación legal y estudiar individualmente si regresar con su familia o quedar bajo la protección de los servicios de su país responde realmente a su interés superior.
Y existe un precedente que pesa enormemente sobre todas las decisiones actuales. En mayo de 2021 Ceuta sufrió otra entrada masiva, en aquella ocasión de unas 12.000 personas, aproximadamente 1.500 de ellas menores; meses después comenzaron devoluciones de menores a Marruecos y el asunto terminó ante los tribunales.
En enero de 2024, el Tribunal Supremo confirmó que aquellas devoluciones habían sido ilegales, no porque un menor marroquí no pueda ser repatriado, sino porque no se había seguido el procedimiento individual establecido en la legislación española. La sentencia dejó una enseñanza fundamental: ni siquiera una situación excepcional permite prescindir de las garantías legales.
Aquello ayuda a comprender muchas de las cautelas actuales. Puede resultar desesperantemente lento para quien observa la situación desde fuera, pero una devolución efectuada vulnerando el procedimiento puede acabar anulada por los tribunales y retrasar todavía más la solución.
Y llegamos inevitablemente a Marruecos. Contar la crisis de Ceuta sin hablar del país vecino sería contar solamente media historia.
España mantiene con Rabat una relación extraordinariamente importante. Marruecos es socio comercial y colaborador fundamental en materia policial, antiterrorista y migratoria; pero la relación contiene también profundas discrepancias históricas: Ceuta y Melilla, el Sáhara Occidental, las relaciones españolas con Argelia y la propia gestión de los movimientos migratorios.
Por eso, desde las primeras horas del 30 de julio apareció una pregunta que todavía no tiene una respuesta definitiva: ¿qué ocurrió realmente en el lado marroquí de la frontera?
El presidente Pedro Sánchez ha afirmado que no existen pruebas concluyentes de que el Gobierno marroquí organizara la entrada masiva. Sí ha reconocido que durante unas diez horas las fuerzas marroquíes permitieron los cruces, aunque ha planteado la cuestión de si aquello respondió a una decisión deliberada o a la incapacidad para controlar una movilización extraordinaria.
Existe, sin embargo, un informe de la Policía Nacional incorporado a la investigación de la Audiencia Nacional que plantea dudas importantes. Según ese documento, gendarmes marroquíes, algunos uniformados y otros de paisano, habrían guiado varias oleadas de personas hacia la frontera con la intención de desbordar los controles españoles; el informe también señala que el dispositivo marroquí era inferior al habitual.
Marruecos rechaza esas acusaciones y atribuye lo sucedido a la combinación de mensajes difundidos por redes sociales, traficantes y una interpretación equivocada de decisiones judiciales españolas. Además, existen imágenes verificadas que muestran a fuerzas marroquíes interviniendo y tratando de contener a grupos de personas en determinados momentos.
Tenemos, por tanto, indicios, versiones diferentes y una investigación judicial en marcha. La magistrada de la Audiencia Nacional María Tardón está intentando determinar qué ocurrió durante aquellas horas y también qué información tenían previamente las autoridades españolas; ha solicitado documentación sobre posibles avisos anteriores al 30 de julio y sobre los dispositivos desplegados durante la crisis.
Hasta que esa investigación avance, afirmar categóricamente que Marruecos organizó la entrada sería ir más allá de lo probado; pero ignorar los interrogantes que plantea el informe policial tampoco ayudaría a entender lo sucedido.
La desconfianza tampoco nace de la nada. Cuando en mayo de 2021 miles de personas entraron en Ceuta, España y Marruecos atravesaban una gravísima crisis diplomática: España había permitido que Brahim Gali, líder del Frente Polisario, recibiera tratamiento médico en nuestro país.
Para Marruecos, el Sáhara Occidental constituye una cuestión esencial de Estado. Rabat defiende su soberanía sobre el territorio y una fórmula de autonomía; el Frente Polisario reclama la autodeterminación y cuenta históricamente con el apoyo de Argelia, gran rival regional marroquí.
España modificó significativamente su posición en 2022 y pasó a considerar la propuesta marroquí de autonomía como la base más seria, realista y creíble para buscar una solución al conflicto; aquello permitió recomponer las relaciones con Rabat, aunque abrió una importante crisis con Argelia.
El precedente de 2021 no demuestra que Marruecos haya utilizado nuevamente la inmigración como instrumento de presión en 2026. Los antecedentes no son pruebas, pero tampoco pueden ignorarse.
A ello se añade otra cuestión histórica. Marruecos mantiene su reivindicación sobre Ceuta y Melilla; España considera ambas ciudades parte indiscutible de su territorio nacional. Después de la crisis de julio, nuevas declaraciones de responsables marroquíes sobre las dos ciudades volvieron a provocar tensión con Madrid.
Nada de esto demuestra que la entrada masiva estuviera destinada a cuestionar la soberanía española sobre Ceuta; sí permite comprender que bajo la intensa cooperación entre ambos países existen discrepancias profundas que nunca han desaparecido.
Y aquí aparece probablemente uno de los aspectos más interesantes de toda esta historia.
España mantiene interrogantes sobre lo que pudo ocurrir durante aquellas horas al otro lado de la frontera y, simultáneamente, necesita a Marruecos para solucionar la crisis. Necesita su colaboración para impedir nuevas entradas masivas, identificar a ciudadanos marroquíes, combatir las redes de tráfico de personas y efectuar los retornos que legalmente procedan.
Y Marruecos necesita también a España como socio comercial, inversor, interlocutor europeo y puente hacia la Unión Europea.
El desacuerdo ha llegado incluso al Congreso. El 16 de septiembre fue convalidado un real decreto ley que moviliza 309 millones de euros para afrontar la situación, con 304 votos favorables y la oposición de Vox.
La discusión política es legítima; lo que resulta bastante menos útil es convertir una crisis extraordinariamente compleja en una competición de eslóganes.
Entre ambos extremos existe un espacio mucho más amplio, aunque produzca menos titulares: controlar eficazmente las fronteras y cumplir, al mismo tiempo, las leyes que nos hemos dado.
Queda todavía una pregunta que quizá sea la más importante y la menos debatida: ¿por qué decenas de miles de personas estuvieron dispuestas a correr hacia Ceuta casi simultáneamente?
Las redes sociales desempeñaron un papel importante. Circularon mensajes y vídeos anunciando una supuesta oportunidad para entrar en España y se difundieron interpretaciones incorrectas de decisiones judiciales; las autoridades siguen investigando el origen y la difusión de parte de esos contenidos.
Marruecos ha experimentado una importante modernización económica y ha desarrollado grandes infraestructuras, pero muchos de sus jóvenes continúan teniendo serias dificultades para encontrar empleo y construir un futuro. A ello se suman las expectativas que genera Europa, la proximidad geográfica de España y esa imagen, tantas veces idealizada, de que al otro lado de una frontera comienza necesariamente una vida mejor.
No siempre es así, pero hay que estar suficientemente desesperado —o suficientemente esperanzado— para lanzarse al mar creyéndolo.
En medio de las cifras existe el riesgo de olvidar lo esencial: esta crisis ha costado vidas. A fecha de 8 de septiembre se habían confirmado 141 fallecidos relacionados con la entrada masiva.
Conviene detenerse un instante en ese número. Detrás de palabras como avalancha, entrada masiva, expulsión, retorno o presión migratoria hay seres humanos.
Reconocerlo no obliga a renunciar al control de las fronteras; simplemente obliga a no olvidar qué estamos contando.
Ceuta no puede resolver sola un problema europeo.
Ceuta es territorio español, pero también frontera exterior de la Unión Europea; y eso convierte el problema en algo que supera ampliamente los 18,5 kilómetros cuadrados de la ciudad.
Si Europa pretende disponer de fronteras exteriores comunes, resulta difícil considerar que la presión sobre esas fronteras sea exclusivamente responsabilidad del territorio que circunstancialmente la soporta.
La crisis ha tenido incluso consecuencias fuera de España. Italia prorrogó el 15 de septiembre durante otros quince días los controles fronterizos temporales adoptados tras la entrada masiva de Ceuta, alegando razones de seguridad.
Una concentración de personas ante una playa ceutí puede terminar convirtiéndose, en cuestión de horas, en un problema europeo.
Y regresamos al día de hoy, 18 de septiembre: a las playas de Benítez y El Trampolín, a policías y guardias civiles intentando ordenar el traslado, a las carpas levantadas en el puerto, a quienes consiguieron una plaza y a quienes tuvieron que regresar porque ya no había sitio.
Han pasado siete semanas. España ha multiplicado los recursos de acogida; Marruecos ha vuelto a reforzar el control de la frontera; miles de personas han regresado y otras permanecen todavía en Ceuta. Los menores continúan siendo el problema más delicado y los procedimientos administrativos siguen su curso.
Mientras tanto, una jueza intenta averiguar qué ocurrió realmente antes y durante aquellas horas decisivas del 30 y 31 de julio. Quizá algunas de las sospechas actuales terminen confirmándose y otras no; por eso conviene mantener cierta distancia frente a las certezas demasiado rápidas.
España tiene derecho a controlar sus fronteras; la entrada irregular no concede automáticamente derecho a permanecer en territorio español; Marruecos tiene una responsabilidad fundamental en la vigilancia de su lado de la frontera; Europa no puede considerar Ceuta un problema exclusivamente español.
Y quien cruza irregularmente una frontera sigue siendo una persona protegida por unas leyes que España está obligada a respetar, incluso cuando finalmente esas mismas leyes determinen que debe regresar a su país.
Ninguna de estas afirmaciones contradice necesariamente a las demás. Tal vez ahí esté la verdadera dificultad de la inmigración: durante demasiado tiempo hemos intentado convertir en una frase sencilla un problema que nunca lo fue.
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