El poder invisible: la acumulación de bienes en la cúpula de los ayatolás
Desde la Revolución Islámica de 1979, el poder religioso en Irán se ha presentado como garante de justicia social, austeridad moral y defensa de los desfavorecidos. Sin embargo, bajo ese relato se ha consolidado con el paso de las décadas un sistema económico opaco que ha permitido la concentración de una enorme cantidad de bienes, empresas y activos bajo control directo o indirecto de la élite clerical. La acumulación de riqueza no siempre adopta la forma de propiedad privada, sino de dominio efectivo sobre estructuras económicas difíciles de auditar.
Un sistema económico paralelo
En Irán existe una economía que no transita por los canales habituales del Estado ni por los mecanismos clásicos de control parlamentario. Se articula a través de fundaciones religiosas y entidades شبه-estatales conocidas como bonyads, formalmente dedicadas a fines caritativos, pero que en la práctica funcionan como grandes conglomerados empresariales. Estas estructuras gestionan bienes confiscados tras la revolución, donaciones religiosas obligatorias y concesiones exclusivas otorgadas por el poder político-religioso.
Uno de los núcleos más relevantes de este entramado es :contentReference[oaicite:0]{index=0}, una estructura creada inicialmente para administrar propiedades abandonadas o expropiadas que, con el tiempo, se transformó en un holding con presencia transversal en la economía iraní. Su funcionamiento queda fuera del presupuesto estatal y responde directamente a la autoridad del Líder Supremo.
El papel del Líder Supremo
El sistema se ha consolidado especialmente bajo el liderazgo de :contentReference[oaicite:1]{index=1}. Aunque el discurso oficial insiste en una vida personal austera, investigaciones internacionales han documentado que el despacho del Líder Supremo ejerce control decisivo sobre activos valorados en decenas de miles de millones de dólares. No se trata de cuentas personales visibles, sino de un poder de disposición absoluto sobre fundaciones, empresas y propiedades que operan bajo cobertura religiosa y revolucionaria.
La confusión deliberada entre patrimonio estatal, religioso y “revolucionario” dificulta cualquier intento de separar lo público de lo privado. En este modelo, la autoridad espiritual se traduce directamente en influencia económica, sin contrapesos efectivos.
Clero, privilegios y distancia social
La riqueza no se distribuye de forma homogénea dentro del estamento religioso. Muchos clérigos viven de forma modesta, pero la cúpula más cercana al poder político disfruta de condiciones de vida muy alejadas de la realidad cotidiana de la mayoría de la población iraní. Esta distancia se hace visible en el acceso a zonas residenciales exclusivas, redes empresariales familiares y una protección judicial que refuerza la sensación de impunidad.
En ciudades como Teherán, el contraste entre los barrios acomodados del norte y las zonas populares del sur se ha convertido en un símbolo físico de la desigualdad estructural que atraviesa el país.
El descontento y la grieta moral
Las protestas que han sacudido Irán en los últimos años no pueden entenderse únicamente como un fenómeno político o cultural. Existe un componente económico y moral profundo. La percepción de que una élite religiosa acumula bienes en nombre de la fe mientras amplios sectores de la población sufren inflación, desempleo y precariedad ha erosionado seriamente la legitimidad del sistema.
Más allá del volumen de riqueza, el problema central es la imposibilidad de fiscalizarla. Las fundaciones religiosas no publican balances detallados, no están sometidas a auditorías independientes y quedan fuera del control parlamentario. Su carácter sagrado actúa como escudo legal y simbólico. La acumulación de bienes por parte de la cúpula clerical no es una anomalía, sino una pieza estructural del sistema de poder iraní.




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