VIVIENDA EN BALEARES: PRECIOS RÉCORD, PROTESTAS Y UNA CRISIS QUE NO SE ENFRÍA
El mercado de la vivienda balear comienza octubre enviando señales aparentemente contradictorias: se venden menos viviendas y algunos indicadores apuntan a una moderación de los precios, pero comprar o alquilar una casa continúa siendo extraordinariamente caro.
Los últimos datos del Centro de Información Estadística del Notariado dibujan bien esta situación.
En julio se realizaron 1.195 compraventas de viviendas en Baleares, un 14,5 % menos que un año antes.
Sin embargo, el precio medio se mantuvo en 4.160 euros por metro cuadrado, el más elevado de todas las comunidades autónomas españolas.
También descendieron un 9,1 % los préstamos hipotecarios destinados a adquirir una vivienda, hasta contabilizarse 614 operaciones.
LOS PRECIOS AFLOJAN, PERO SIGUEN ARRIBA
Otro indicador publicado al cierre de septiembre introduce un matiz importante.
Según Fotocasa, el precio de la vivienda de segunda mano en Baleares descendió un 1,7 % durante el tercer trimestre, hasta situarse en 5.348 euros/m².
Pero esa caída trimestral no significa que las viviendas sean más baratas que hace un año: el precio todavía se encuentra un 2,9 % por encima del mismo periodo de 2025.
Otros índices inmobiliarios utilizan metodologías y muestras diferentes y, por ello, ofrecen cifras distintas. Fotocasa situaba recientemente el conjunto de la vivienda ofertada en Baleares alrededor de 5.443 euros/m², mientras el alquiler se encontraba en 20,13 euros/m² mensuales.
La fotografía de Palma es todavía más contundente.
Los datos de septiembre de Idealista sitúan el precio medio de venta de los inmuebles en la capital en torno a 5.216 euros/m², un 3,6 % más que un año antes.
En alquiler, Palma alcanza aproximadamente 19,9 euros/m² al mes, con una subida interanual del 8,2 %.
Traducido a una vivienda de 80 metros cuadrados, ese último precio de oferta supondría alrededor de 1.590 euros mensuales.
No es el precio de todos los contratos existentes ni significa que todas las viviendas se alquilen por esa cantidad. Es un indicador del precio solicitado en los anuncios publicados.
LA PROTESTA LLEGA A PLAZA ESPAÑA
Mientras los indicadores inmobiliarios continúan reflejando la presión sobre el mercado, el problema ha vuelto a trasladarse a la calle.
Decenas de personas mantienen una acampada en la plaza de España de Palma, surgida después de una concentración convocada bajo el lema “Ni una Maricarmen más”, en referencia al caso de María del Carmen Abascal, la mujer de 87 años cuyo desahucio en Madrid provocó movilizaciones en diferentes ciudades españolas.
La protesta palmesana comenzó con una veintena de personas y posteriormente se ha organizado mediante turnos y asambleas.
El martes, alrededor de 150 personas participaron en una asamblea celebrada en la propia plaza.
Los participantes quieren mantener el campamento como punto de organización y estudian nuevas movilizaciones.
¿QUÉ RECLAMAN?
Las organizaciones y participantes de la protesta plantean varias reivindicaciones.
Entre ellas se encuentran una reducción de los alquileres, mayor estabilidad de los contratos, protección frente a los desahucios, regulación de los alquileres temporales y por habitaciones y medidas frente a determinadas prácticas de los grandes propietarios y fondos de inversión.
Pero existe una reivindicación especialmente importante para Baleares:
Esta figura, prevista por la legislación estatal, permitiría aplicar determinados mecanismos de regulación de alquileres.
Los colectivos movilizados consideran insuficientes las últimas medidas aprobadas por el Gobierno central y reclaman además que cualquier regulación tenga en cuenta las particularidades del mercado inmobiliario balear.
EL GOVERN: MÁS OFERTA Y SEGURIDAD JURÍDICA
La estrategia del Govern balear es diferente.
El Ejecutivo autonómico apuesta fundamentalmente por aumentar la oferta de vivienda asequible, agilizar la construcción y movilizar viviendas hacia el mercado.
Según el balance publicado por el propio Govern, actualmente existen unas 8.000 viviendas en tramitación sobre suelo desbloqueado, de las cuales unas 4.000 tendrían protección pública.
El Ejecutivo cifra además en 1.213 las nuevas viviendas públicas en construcción, otras 2.200 planificadas sobre suelo público cedido y una inversión de 228 millones de euros en 47 promociones de vivienda pública.
La presidenta del Govern, Marga Prohens, rechaza las medidas que, a su juicio, puedan generar inseguridad entre los propietarios y reducir todavía más la oferta disponible.
Prohens sostiene que alrededor del 96 % de las viviendas en Baleares están en manos de pequeños propietarios y considera que determinadas limitaciones sobre el alquiler pueden provocar que parte de ellos retire sus viviendas del mercado.
PSIB Y MÉS PIDEN LIMITAR LOS ALQUILERES
La oposición plantea una estrategia diferente.
El PSIB ha anunciado que volverá a llevar al Parlament una iniciativa para permitir que Baleares pueda acogerse a la declaración de zona de mercado residencial tensionado, posibilitando así la aplicación de límites previstos por la legislación estatal.
Los socialistas proponen que los ayuntamientos que quieran utilizar esta herramienta puedan hacerlo.
MÉS per Mallorca también reclama la declaración de zona tensionada y defiende medidas para limitar el precio de los alquileres.
El Parlament ya ha mostrado la profundidad de estas diferencias: esta semana PP y Vox rechazaron una moción que incluía limitar alquileres, restringir determinadas compras de vivienda por no residentes y recurrir a la expropiación temporal de viviendas de grandes tenedores para destinarlas al alquiler social y asequible.
TRES DIAGNÓSTICOS, UN MISMO PROBLEMA
El debate sobre la vivienda en Baleares ha dejado de ser únicamente inmobiliario.
Es también económico, demográfico y social.
Los colectivos movilizados ponen el foco en el precio del alquiler, los desahucios, los grandes tenedores y la necesidad de intervenir el mercado.
PSIB y MÉS defienden utilizar mecanismos de regulación de precios y la declaración de zonas tensionadas.
El Govern y el PP consideran, por el contrario, que una mayor intervención puede reducir la oferta y apuestan por construir más vivienda, movilizar inmuebles y reforzar la seguridad jurídica de los propietarios.
Son respuestas políticas diferentes ante un dato difícil de ignorar:
La caída de las compraventas o una corrección puntual de los precios pueden indicar que el mercado empieza a encontrar resistencia.
Pero todavía no permiten hablar de un cambio estructural.
Cuando una vivienda de segunda mano continúa superando los 5.000 euros por metro cuadrado en determinados índices de oferta, Palma ronda los 20 euros mensuales por metro cuadrado en alquiler y una parte de la ciudadanía vuelve a instalar tiendas de campaña en el centro de la capital para reclamar soluciones, la conclusión es evidente:
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